El Gobierno descartó la posibilidad de un ajuste de personal en el plan de “optimización institucional” que suprimirá o fusionará entidades del Ejecutivo, para enfrentar la crisis económica que afecta al país.

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) tiene previsto entregar esta semana el estudio solicitado por el presidente Rafael Correa. Su titular, Pabel Muñoz, aseguró que esta revisión la han realizado en los ocho años de administración.

Y justificó que el mayor peso en el aparato burocrático está en un “80 % en profesores, médicos, militares y policías”, y que con este análisis de eficiencia se generarán ahorros, aunque el propósito “no es per se eliminar entidades, no es per se disminuir burocracia”.

Según el último catastro del Ministerio de Trabajo, 247 entidades forman parte del Ejecutivo, entre ellas, la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, instituciones adscritas, ministerios coordinadores y sectoriales, empresas públicas y otras creadas por la Constitución o la Ley.

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Estas instituciones contabilizan 252.715 servidores, según consta en sus páginas webs institucionales.

Hasta el momento, la única entidad que oficializó un ajuste de personal fue Petroecuador EP, a través de su gerente, Carlos Pareja Yanuzzelli, quien en días pasados anunció que se buscará “la optimización de procesos, priorización de gastos y ajuste de personal”.

Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, no adelanta una cifra del ahorro que generaría esta ‘optimización’ planeada por el régimen, pero cree que el efecto inmediato sería la “reducción de personal y del gasto, lo que permitirá mantener la sostenibilidad económica”.

“El gasto en remuneraciones subió de 6,7 % en 2007 a casi el 10 % en 2014, eso significa que se han creado más instituciones y, por tanto, hubo contratación de más personal”.

Remigio Hurtado, presidente de la Confederación de Servidores Públicos, opinó que esta medida permitiría reducir los contratos ocasionales.

“La creación de nuevos ministerios significó gastos administrativos impresionantes por pago de sueldos, viajes, viáticos. Jamás debió separarse ministerios o crearse la Secretaría del Buen Vivir”, dijo.

Según sus cifras, en el sector público hay cerca de 472.000 funcionarios con nombramiento permanente, ocasional y aquellos que facturan.

“Debe eliminarse los que tienen contrato ocasional o por factura; son numerosos y sus contratos no tienen que ver con los manuales de puestos. Ganan $ 3.000 o $ 4.000, frente a servidores con nombramiento que perciben $ 1.200”, criticó. (I)