Los tres jóvenes mayores de edad que fueron detenidos en los alrededores del colegio Mejía de la capital, durante una protesta estudiantil realizada el 17 de junio pasado, ya no son acusados de sabotaje, sino de daño a bien ajeno.

Ayer se desarrolló en la Unidad de Flagrancias la audiencia de reformulación de cargos en la que la Fiscalía de Pichincha consideró que la destrucción de una motocicleta policial podía ser juzgada con el artículo 204 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Este determina una pena de uno a tres años de prisión, en caso de ser declarados culpables, en tanto que el delito de sabotaje, que era la anterior acusación, es castigado con prisión de cinco a siete años.

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José Alvear, abogado de uno de los jóvenes procesados en este caso, dijo que la audiencia fue pedida por la Fiscalía “porque se dieron cuenta de que el delito de sabotaje era un despropósito y un exabrupto que no iba a poder justificar nunca”.

Durante esa protesta también fueron retenidos tres menores de edad, estudiantes del Mejía, a quienes se los investiga por la destrucción de la motocicleta, pero desde el inicio fueron acusados por daño a bien ajeno y no por sabotaje.

La manifestación estudiantil se inició luego de que circulara una información en la que se aseguraba que la sección nocturna del colegio iba a desaparecer, algo que fue desmentido por el ministro de Educación, Augusto Espinosa.

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El abogado Alvear también dio a conocer que el sábado pasado consiguió que se revocara la prisión preventiva que pesaba sobre su defendido, pero el chico no salía hasta las 16:00 de ayer del Centro de Detención de El Inca, en el norte.

Él considera que los otros dos jóvenes también podrían acogerse a la apelación de esta medida cautelar, para que los tres enfrenten el proceso judicial en libertad. (I)