Galápagos no se frena al turismo, a pesar de resistencia a nueva ley

Santa Cruz–San Cristóbal Los últimos días hay “tregua” en Galápagos, el turismo nacional e internacional se desarrolla con normalidad. Parecería que tras un mes de protestas, la paralización de actividades y las movilizaciones terminaron.En realidad, pobladores están organizados en dos grupos: el Frente Insular y el Femenino, y el descontento en los sectores artesanal y de guías naturalistas es evidente tras la vigencia de la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos.Javier Morocho, dirigente del Frente Insular, grupo que lidera protestas, explica que las marchas, que se realizan desde el 1 de junio principalmente en Santa Cruz, epicentro turístico, y San Cristóbal, sede de los entes gubernamentales, no son el único mecanismo de resistencia que tienen planeado para las próximas semanas.Ese frente hará foros informativos sobre los supuestos prejuicios de la ley, que se contraponen a las cadenas del régimen que difunde sus beneficios.Y se elabora una demanda de inconstitucionalidad a la ley que se la presentaría dentro de quince días como una iniciativa de estos grupos, de asambleístas y líderes políticos de la provincia y de la ciudadanía, y se analiza plantear una consulta popular en el archipiélago.En el Frente Femenino la aspiración es recolectar 5 mil firmas de respaldo a la petición de atención a las islas para entregarlas a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco), exponiendo los “problemas” de la ley siendo Patrimonio Natural de la Humanidad.Carolina Herrera, parte de ese frente, dice que se trabaja en la recolección de firmas de los dos grupos: “La Unesco tiene conocimiento de la ley y solo están esperando por esta carta con todo el respaldo de la gente galapagueña”.Morocho resalta que dos de los principales problemas son el cálculo de los salarios con una fórmula de Índice de Precios al Consumidor (IPC) que aún no existe para las islas y la eliminación de los límites del Parque Nacional Galápagos, para que sea el Ministerio del Ambiente el encargado de firmarlos sin saber si se van a ampliar o reducir. Este último punto, dice, puede dar lugar a capitales extranjeros que están interesados en invertir en áreas de gran riqueza ambiental y pone de ejemplo un proyecto hotelero que se implementaría en Punta Carola, San Cristóbal.El guía naturalista Darío Morales expresa que con la ley de 1998, los residentes tienen la exclusividad de poder hacer el curso de guías naturalistas. La nueva norma abre la posibilidad de que cuando se necesiten guías se contrate en el continente para que laboren con un permiso. “Dicen que ‘preferentemente’ va a ser el trabajo para nosotros, pero ¿qué es lo que va a pasar?, una empresa turística pagará $ 800 a los guías de afuera, pero aquí ninguna persona puede vivir con ese salario. Van a traer guías de la parte continental para que trabajen en sus barcos y agencias, así es como esta nueva ley va a perjudicar a los guías naturalistas”, añade. Con esta opinión coincide otro guía naturalista, Jairo Gusqui.Mientras, la artesana Martha Zambrano asegura que al eliminar la prohibición para que las embarcaciones, organizaciones como la Fundación Charles Darwin o instituciones públicas vendan artesanías, los artesanos no podrían competir por los precios elevados en el archipiélago. “Ahora está clausurado el gran local de artesanías de la Estación Charles Darwin, pero con la nueva ley podrían volver a abrir las puertas, perjudicando a los artesanos locales”, señala.Este Diario intentó hablar con Eliecer Cruz, quien está al frente del Consejo de Gobierno, pero los días de permanencia en Galápagos él estuvo en Quito en la Conferencia Internacional sobre Desarrollo Sostenible, que estaba prevista realizarse desde el lunes en Santa Cruz, pero se cambió de sede al edificio de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).Al consultar por qué sucedió esto en el Consejo de Gobierno de Galápagos, no se supo dar respuesta. Un banco de preguntas también fue enviado vía correo electrónico, pero tampoco se ha obtenido respuesta.Sobre los cuestionamientos, el director provincial de Alianza PAIS (AP), Jorge Torres, que también está al frente del ECU 911 en San Cristóbal, reconoce que el cálculo del IPC para Galápagos estaría listo para noviembre, que tampoco se sabe por qué se protesta. “Se habla que una ley está mal, lo cual es totalmente falso porque el trabajo sobre la normativa viene de cuatro años atrás”, dice.“Cómo se puede protestar sin conocer los resultados, esto (el IPC) estará listo para el mes de noviembre, mientras tanto, en vez de estar protestando, debemos preocuparnos por establecer qué tipo de insumos pueden ser considerados para el IPC”, agrega Torres.Mientras los frentes manejan esta carta de la Unesco, en las instituciones públicas de las islas existen hojas volantes señalando que la ley no es retroactiva, que no habrá ninguna reducción de remuneraciones, que el IPC tomará en cuenta el valor de artículos o servicios exclusivos para las islas, que luego del cálculo inclusive el rango remunerativo podría ser superior, entre otras cosas. (I) permanencia en Galápagos él estuvo en Quito en la Conferencia Internacional sobre Desarrollo Sostenible, que estaba prevista realizarse desde el lunes en Santa Cruz, pero se cambió de sede al edificio de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).Al consultar por qué sucedió esto en el Consejo de Gobierno de Galápagos, no se supo dar respuesta. Un banco de preguntas también fue enviado vía correo electrónico, pero tampoco se ha obtenido respuesta.Sobre los cuestionamientos, el director provincial de Alianza PAIS (AP), Jorge Torres, que también está al frente del ECU 911 en San Cristóbal, reconoce que el cálculo del IPC para Galápagos estaría listo para noviembre, que tampoco se sabe por qué se protesta. “Se habla que una ley está mal, lo cual es totalmente falso porque el trabajo sobre la normativa viene de cuatro años atrás”, dice.“Cómo se puede protestar sin conocer los resultados, esto (el IPC) estará listo para el mes de noviembre, mientras tanto, en vez de estar protestando, debemos preocuparnos por establecer qué tipo de insumos pueden ser considerados para el IPC”, agrega Torres.Mientras los frentes manejan esta carta de la Unesco, en las instituciones públicas de las islas existen hojas volantes señalando que la ley no es retroactiva, que no habrá ninguna reducción de remuneraciones, que el IPC tomará en cuenta el valor de artículos o servicios exclusivos para las islas, que luego del cálculo inclusive el rango remunerativo podría ser superior, entre otras cosas. (I)

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