(Actualizado a las 22:30)
Un día después de que la Comisión de Gobiernos Autónomos se allanara al veto del presidente Rafael Correa sobre la Ley de Régimen Especial de Galápagos, el oficialista Ángel Vilema renunció al bloque de Alianza PAIS y anunció su desafiliación del movimiento de Gobierno.
Vilema fue uno de los asambleístas que votó en contra del allanamiento por considerar que una de las observaciones del presidente Rafael Correa era inconstitucional y abandonó la Comisión expresando su rechazo junto con pobladores de Galápagos que acudieron a la sesión la tarde de ayer.
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El tema de la discordia fue la remuneración de los trabajadores públicos en Galápagos. La Asamblea aprobó inicialmente que las remuneraciones del sector privado de la provincia se pagarán con un aumento del 75 % con relación a las escalas que rigen para el Ecuador continental. Pero el Ejecutivo incluyó en su veto al sector público y propuso una nueva fórmula para el cálculo de los salarios: que se paguen con un incremento que se calculará multiplicando el índice de precios anual al consumidor con respecto a los precios del país continental.
Vilema rechazó este veto presidencial porque dijo que el tema de las remuneraciones del sector público no se trató ni en el primero ni en el segundo debate, y aseveró que incluirlo vuelve al veto inconstitucional.
Su compañero Mauro Andino dijo lamentar la salida de Vilema del bloque pero reiteró que respeta su decisión.
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Vilema detalló que en la reunión de bloque del miércoles su posición fue analizada, pero, lastimosamente, la posición del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, fue la que se validó, “a pesar de que mis compañeros la gran mayoría (le) apoyó... saben que los compañeros de ayer (jueves, sesión de la Comisión de Gobiernos Autónomos) votaron en contra de su conciencia... yo sé que muchos de mis compañeros lo hicieron en contra de su voluntad”.
El asambleísta, que dijo que no se está pasando a la oposición, aseguró que la inconstitucionalidad se da porque el Ejecutivo incluyó en el veto la regulación de las remuneraciones de los servidores públicos, tema que no se había debatido en primera ni en segunda instancia.
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Al mencionarle que en otras leyes se ha cuestionado que se incluyeron temas que no habían sido debatidos en la Asamblea, Vilema sostuvo que en otras ocasiones se han incluido cosas de forma, no de fondo.
Y agregó que la propuesta del gobierno sería “regresiva a los derechos de los trabajadores”, pues ahora el sueldo del sector público en Galápagos dobla al del continente porque allí el costo de la vida es superior y con la fórmula de Índice de Precios al Consumidor los montos bajarían considerablemente.
El presidente Rafael Correa dijo el viernes que en forma antitécnica se había puesto en la ley un incremento del 100 % en los salarios referenciales del sector público y un 75 % en el privado con relación al salario mínimo del continente, que le sorprenden las protestas. “Y con mucha tristeza e indignación tengo que reconocer que estos reclamos vienen de la propia gente de AP y no están velando por la verdad y el bien común sino por sus propios intereses”.
La vicepresidenta de la Asamblea Marcela Aguiñaga, a través de su cuenta de Twitter defendió el jueves el veto presidencial y dijo que la "Objeción a LOREG sobre salarios pone en igualdad de condiciones a los sectores público y privado... La tabla salarial en Galápagos será calculada conforme la realidad insular. Se debe considerar que LOREG no es retroactiva. Quienes perciban una remuneración con la normativa vigente, no se verán afectados". (I)
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Se debe considerar que #LOREG no es retroactiva. Quienes perciban una remuneración con la normativa vigente, no se verán afectados
— Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) June 4, 2015
Se debe considerar que #LOREG no es retroactiva. Quienes perciban una remuneración con la normativa vigente, no se verán afectados
Con esta medida, se evitaría búsqueda de plazas laborales en el archipiélago. Para que estas sean ocupadas por habitantes de la provincia
— Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) June 4, 2015
Con esta medida, se evitaría búsqueda de plazas laborales en el archipiélago. Para que estas sean ocupadas por habitantes de la provincia