Los trabajadores del Fondo de Cesantía del Magisterio deben esperar a una nueva fecha para que se trate su pedido de acción de protección ante los despidos en esa entidad privada que pasó a la administración del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

En la audiencia de ayer la Procuraduría del Estado alegó no haber recibido el texto de la demanda, por lo que no estaba en condiciones de participar del debate. Así que no se dio la diligencia.

Esto causó protesta entre los despedidos que acudieron a la Unidad Judicial Penal, en el complejo de La Florida.

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De los 68 despedidos en el Fondo de Cesantía, intervenido desde el 14 de mayo pasado bajo el argumento de que recibió aporte estatal en el 2008, unos 20 son de Guayaquil.

Gladys Cruz y Juan Francisco Endara portaban un cartel al pie de la puerta de la sala donde se instaló la audiencia. Ella era ayudante de mercadeo y él, jefe de operaciones. Con cinco y trece años de trabajo, fueron notificados del despido el 22 y 25 de mayo, en ese orden.

Dicha notificación expone los argumentos legales por los que el Biess asumió el control de la institución y les informa del cese en sus funciones.

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“Han despedido a 70 de 200 trabajadores que conforman aproximadamente el Comité de Empresa a nivel nacional. Hasta que nos convoquen nuevamente (a audiencia) van a acabar con el Comité”, sostuvo el abogado Pedro Granja.

Por parte de la defensa de la Procuraduría y del Biess no se dio un pronunciamiento tras salir de la sala. El juez Josué Sánchez deberá fijar la nueva fecha. (I)