La reforma tendrá un impacto. Estudios actuariales, contratados por el IESS, e informes de la misma entidad, proyectan un mayor déficit en el fondo de pensiones, en caso de que el Estado deje de asignar el 40% de contribución obligatoria que establece el art. 237 de la Ley de Seguridad Social para financiarlas.

El Gobierno, dentro de un paquete de reformas laborales, plantea modificar este artículo por uno que señale que el Estado garantizará el pago de pensiones. Expertos coinciden en que, de faltar esta asignación, será necesario aumentar la edad para la jubilación o la tasa de aportación y cambiar el cálculo de pensiones y su aumento anual.

Mientras el oficialismo defiende la reforma, los jubilados anuncian marchas esta semana.

Publicidad

Gobierno reformará financiamiento de pensiones

Lizardo Escandón no oculta su indignación. A sus 83 años y a paso lento recorre los bajos de la Caja del Seguro de Guayaquil con una carpeta en mano para rechazar con un grupo de compañeros el anuncio del presidente Rafael Correa de que el Gobierno no pagará la contribución obligatoria del 40% que la Ley de Seguridad Social establece para el financiamiento de las pensiones jubilares y que, según la Constitución, debe ser tripartito: con el aporte de los trabajadores, de los empleadores y del Estado. Para eso, reformará el art. 237 de la ley por uno que señala que el Estado las garantizará. El primer debate ya fue aprobado por la Asamblea y el segundo se prevé esta semana.

Escandón, jubilado hace 16 años y expresidente de la Asociación de Jubilados El Arbolito, saca de su carpeta recortes de prensa (referentes a que Correa no dará “veinte centavos más al IESS”) y la copia de un registro oficial de 1942, en la que el presidente Carlos Arroyo del Río decreta esa obligación de aportar del Estado. “Cuántos gobiernos han pasado, pasó la dictadura, pasó otra vez (José María) Velasco, Jaime Roldós y cuántos más y nunca nos dijeron que iban a quitar el 40%, estando en peores condiciones. Ahora quieren quitar el 40%, ¿por qué?, ¿con qué derecho?”, expresa.

Publicidad

La plata del fondo de pensiones es de nosotros los afiliados y jubilados que en su momento nos descontaron para la seguridad social”. Roberto Rizzo Federación de Jubilados del Guayas

La disposición de Arroyo se basó en un estudio técnico de la época que determinó la necesidad de ese monto para cubrir las pensiones de entonces al futuro, cuenta Marco Proaño Maya, exdiputado y consultor en Seguridad Social. Se vino cumpliendo y fue ratificado en la Ley de Seguridad Social del 2001.

Para Correa, es un “absurdo” que el Estado pague ese monto cuando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), asegura, tiene superávit, y que se dará –dijo primero– en el porcentaje que se requiera o –según su enlace 417 del 28 de marzo– cuando tenga déficit.

Publicidad

También cuestionó que el Estado deba pagar, según esa ley, las prestaciones de salud de los jubilados y de las enfermedades catastróficas. Por esas prestaciones hay, desde el 2002, una deuda de $ 1.749 millones, según consta en informes del IESS, que el Gobierno no reconoce porque asegura que al no haberse emitido el reglamento, no se generó esa obligación. Pese a ello, firmó en el 2008, 2010 y 2012 convenios de pago en los que la reconoce.

La Ley del 2001 establecía que en 60 días el Consejo Directivo del IESS debía remitir al Ejecutivo el reglamento para su aprobación y no se hizo. Sin embargo, recuerda Proaño, una Comisión Interinstitucional integrada por delegados del Seguro y de la Superintendencia de Bancos elaboró un borrador de reglamento que el Consejo Directivo, presidido por Ramiro González, remitió en febrero del 2009 a Correa para su aprobación. “¿Por qué no estudiaron y promulgaron este reglamento? El reglamento es facultad privativa del presidente”, dice.

El primer mandatario anunció que demandará la inconstitucionalidad de la ley y Patricio Rivera, ministro coordinador de la Política Económica, en un pedido de réplica enviado a este Diario, señaló que se revisará todo el marco legal de la seguridad social porque la Ley del 2001 contiene disposiciones “anacrónicas, contradictorias y desfasadas del marco constitucional”. Con la nueva normativa, adelanta, se incorporarán nuevos derechos y grupos objetivos, como los trabajadores no remunerados del hogar, los transportistas urbanos e interprovinciales, los trabajadores independientes y los desempleados.

No especifica aún cómo se financiarán esas nuevas coberturas, un tema que, en el caso de hijos menores de 18 años, ya ha generado impacto en el fondo de salud, dado que no existió un financiamiento para esa prestación, como determina la ley. Así lo refleja un informe de la consultora Actuaria, contratada por el IESS, que dice que esto agravó la situación del Seguro de salud, por lo que se hace necesario aumentar la tasa de cotización.

Publicidad

El Gobierno no nos está queriendo quitar un centavo de nuestras pensiones, lo que hay es una reforma porque estamos en transición económica”. Marco Salazar Aso. El Arbolito

De los balances actuariales (una proyección que se hace de los recursos que el IESS requerirá en determinado tiempo), con corte al 2010 y con proyección a 10 años, se observa que el déficit actuarial sin incorporar a cónyuges y convivientes sería de $ 1.291 millones; incluyéndolos, sería de $ 2.613 millones.

En el fondo de pensiones hay un panorama similar. Si este año no se diera el aporte del 40%, ya habría un déficit de $ 339,1 millones (ver gráfico), dado que los aportes por sí solos “ya no cubren las necesidades para el pago de pensiones en el 2015”, señala un informe de la Dirección del Sistema de Pensiones, que considera necesario cambiar los cálculos de pensiones y sus aumentos para nivelar el sistema.

Lea también: Deuda del Estado con el IESS incide en prestación de salud

Según expertos consultados, sin la contribución del Estado (o si este es discrecional) los dos fondos más grandes del IESS, el de Salud (que financia la atención médica) y el de Invalidez, Vejez y Muerte (que permite el pago de pensiones), estarían en riesgo de descapitalizarse y de cumplir las prestaciones en el futuro. El mismo informe de la Dirección Actuarial señala que el fondo de pensiones tiene recursos para 12 años y que, sin el aporte estatal, en el 2053 el déficit sería de $ 70 mil millones.

El asambleísta Andrés Páez (CREO), de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, dice que el fondo de pensiones es como una caja de ahorros, en la que se aporta para garantizar los pagos de los actuales (400 mil) y futuros jubilados. “Si es que no se capitaliza el Fondo de Pensiones, se liquida el sistema”, dice.

Abdón Logroño, presidente de la Federación de Jubilados de Pichincha, ve un panorama aún más complicado sin la certeza de ese 40% porque la deuda histórica que ha tenido el Estado con el IESS ha sido por este rubro y esta se está pagando en bonos a 12 años plazo.

Para Betty Carrillo (AP), presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, hay que cambiar la visión en torno a ello: “ Ya no es posible que se siga viendo al IESS por un lado, y al Estado por otro. El IESS forma parte del Estado. Es inconsecuente el hecho de que culturalmente incluso decíamos que el Estado le debe al IESS, o sea el Estado le debe al Estado...”.

Marcelo Jijón, presidente de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío, no coincide con ello y se pregunta quién responde ante un debilitamiento de los fondos del seguro. El de pensiones tiene invertidos en el Biess unos $ 6.800 millones y genera un rendimiento del 7%. Por eso saldrán a reclamar. Según José Hoyos, presidente del Frente de Defensa de Jubilados del Guayas, el miércoles se unirán a una marcha en Quito, que se replicará luego en otras ciudades.

El perjuicio contra la seguridad social va a ser progresivo: primero a los actuales jubilados y luego a quienes comen-zarán a jubilarse”. Édison Lima Comité de Defensa de la Seguridad Social

Para Proaño, si se quita el aporte del 40%, será necesario aplicar otras medidas para hacerle frente, por ejemplo, elevar la edad de jubilación de 60 a 65 años (cada cinco años aumentar uno), algo que también sugiere Actuaria; elevar la aportación de los trabajadores y empleadores en un espacio de 4% a 6% sobre el ingreso real. Además, cambiar la base de cálculo de las pensiones de jubilación: es el 75% de los cinco mejores años de aportación y se sugiere que sea el 75% de los 15 mejores años.

El estudio de Actuaria recomienda que el ajuste de pensiones se haga acorde a la inflación, como era antes, y no en el rango de 4,31% a 16,16% (a menor ingreso mayor aumento), según la reforma del 2010. Si no se reforma en un escenario moderado, el déficit actuarial de este fondo pasaría de $ 5.142 millones a $11.224 millones, indica. (I)

La Constitución
Art. 371

Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadoras o empleadores; con los aportes de las personas independientes aseguradas; con los aportes voluntarios de las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior; y con los aportes y contribuciones del Estado.