Cien de ciento un asambleístas aprobaron ayer una resolución en la que llaman al Consejo Nacional de la Judicatura para que demande de los órganos de la Función Judicial el procedimiento legal que corresponda y la resolución sobre el caso del asesinato de Jaime Hurtado, líder del extinto Movimiento Popular Democrático (MPD), a fin de evitar impunidad.

Además, exhortaron a la Cancillería a que continúe con los trámites pertinentes y realice las gestiones necesarias frente a la Interpol para concretar la extradición de Washington Aguirre, presunto implicado en este caso, para que sea sometido a la justicia ecuatoriana.

La iniciativa de la resolución la tuvo el asambleísta Milton Gualán, de la alianza Pachakutik-MPD, pero ayer en el Pleno su texto sufrió algunos cambios propuestos por Fernando Bustamante, asambleísta de Alianza PAIS (AP).

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Gualán ocupó esa curul por Cléver Jiménez, que perdió su condición de legislador tras una sentencia por injuriar al presidente Rafael Correa.

Uno de los cambios fue que en los considerandos se retire reconocer a este crimen como crimen de Estado.

En su intervención, el oficialista manifestó que el solo hecho de que uno de los autores haya sido funcionario estatal o haya pertenecido a los servicios de seguridad del Estado no convierte a un crimen en un crimen de Estado, porque para ello el agente estatal participante tiene que haberlo hecho como parte de una política pública, de una orden superior.

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Hurtado fue asesinado cerca del Palacio Legislativo, el 17 de febrero de 1999, junto con su alterno Pablo Tapia y el asistente legislativo Wellington Borja.

La resolución fue remitida a la Cancillería, a la Judicatura y a los familiares de Hurtado, Tapia y Borja. (I)