En el portal web del conglomerado de medios Albavisión (www.albavision.tv) se dimensiona el poder mediático que lidera el empresario estadounidense Ángel González González en Latinoamérica: “82 estaciones en FM y AM en diferentes países” y “26 cadenas de televisión, de las cuales 21 son propias y el resto en asociación con otras programadoras”.

“Tenemos presencia en México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay”, señala el sitio web en el que, además, se considera a Albavisión como “la única red operadora de televisión y radio en Latinoamérica”. Tiene su matriz en Miami, Estados Unidos, donde reside desde hace 20 años Ángel González. Desde ahí, él controla sus negocios de entretenimiento, los medios de comunicación, salas de cine y distribución de películas.

En su conglomerado se incluyen 16 medios en Ecuador: tres canales, once radios y los dos diarios, El Comercio y Últimas Noticias, del Grupo El Comercio, de reciente adquisición.

Del listado de 61 medios que en diciembre pasado el Consejo de Regulación, Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) identificó como nacionales, Ángel González maneja diez, directamente o a través de compañías, familiares y abogados. Este empresario se ubica segundo entre los que más medios concentran, superado por el Estado, que tiene doce medios nacionales, entre el Ministerio de Telecomunicaciones, la Secretaría de Comunicación, el Fideicomiso AGD-CFN y la Asamblea Nacional.

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Su creciente poder mediático ha sido cuestionado desde hace varias décadas por organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el Grupo Medios y Sociedad (GMS) en Uruguay, donde Ángel González tiene la sede de algunas de sus compañías extranjeras que manejan sus medios.

“El empresario mexicano ha utilizado testaferros para formalizar la compra en algunos casos y en otros solo ha habido cambios en la gestión de las emisoras”, reseña un boletín del GMS en el 2009 de Édison Lanza, actual relator de la CIDH para la Libertad de Expresión.

Eventualmente, la concentración de medios de carácter nacional en pocas manos puede implicar un perjuicio para la libertad de expresión de las personas”. Romel Jurado, coautor de la LOC

En Ecuador, tres expertos en libertad de expresión coinciden en que la concentración de medios en pocas manos perjudica a la sociedad. “El acceso a los medios queda restringido para los ciudadanos, además hay univocidad en la producción de la información”, afirma Romel Jurado, coautor de la Ley Orgánica de Comunicación.

Catalina Botero, exrelatora de la CIDH para la Libertad de Expresión, recuerda las denuncias que recibían sobre la concentración de medios de Ángel González en países como Guatemala, Nicaragua o Argentina. “La Corte, la Comisión, la Relatoría han sido muy claros: el control de medios atenta contra la democracia”, advierte, y explica que la situación es más crítica cuando empresarios se asocian con el gobierno a cambio de publicidad estatal.

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Cuando el control se produce directa o indirectamente por el Gobierno, la situación es crítica, por ejemplo, empresarios que se asocian con el Gobierno para recibir publicidad”. Catalina Botero, exrelatora de CIDH

“Entonces tienen un pacto de no agresión, donde su función es avalar lo que el gobierno dice (...), eso es muy peligroso para una sociedad, elimina la crítica, disminuye el control social, relaja el sistema de rendición de cuentas y genera un espacio perfecto para la corrupción”, analiza Catalina Botero.

El canal de televisión RTS, tercero en sintonía en el país, y las radios de Ángel González recibieron en el 2014 publicidad por $ 38,8 millones, de los cuales $ 3,8 millones (9,8%) contrató el Gobierno. Sus informativos, en los que predominan las noticias comunitarias y de seguridad, y escasean las de política o de investigación, también ocupan el tercer puesto. Fuentes del canal dijeron a este Diario que ahí se mira al Gobierno como un “aliado incómodo, pero aliado”.

“Nosotros hacemos todo por no estar en la luz pública, porque si el canal asume una línea crítica van a decir ¿quién es el dueño?, y nosotros tenemos un dueño extranjero, que no lo permite la ley, tenemos un monopolio que tampoco permite la ley, entonces, obviamente, la única forma de que no te molesten es no meterte con el Gobierno, pasar sus cadenas”, dijo un empleado del canal.

Otra fuente aseguró que la prioridad de Ángel González son los negocios: “Si compró El Comercio no es porque es un mecenas, sino porque es un negocio. Se lo dieron en bandeja de plata, porque un grupo empresarial ecuatoriano no puede invertir $ 40 millones en un periódico, pues debería deshacerse de sus otros negocios”.

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Desde su creación hace 107 años, Diario El Comercio ha mantenido una línea editorial crítica e independiente, y, además, cuenta con una unidad de investigación periodística.

A Carlos Lauría, coordinador del programa latinoamericano del Comité para la Protección de Periodistas, le preocupa que la llegada de nuevos dueños provoque en el diario “un cambio en su línea editorial, una modificación de criterios, para alinearse con la postura oficial y suavizar el tratamiento informativo crítico de El Comercio”.

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“Creo que sería perjudicial para la libertad de expresión en Ecuador”, dice y teme que hayan despidos o renuncias de periodistas críticos como ha sucedido en medios venezolanos.

Un comunicador de El Comercio dijo: “El único negocio que tiene el periódico es su credibilidad y eso es lo que hemos dicho al nuevo director”. (I)

La Ley de Comunicación se presentó en Ecuador como democratizadora del espectro y lo que vemos es que un grupo sigue acumulando medios”.Carlos Lauría, CPJ