El procurador general del Estado, Diego García, dejó sin piso el pedido de la Unión de Afectados por la contaminación ambiental en la Amazonía durante la operación de la petrolera Chevron (antigua Texaco) para que el Estado ecuatoriano transfiera a sus cuentas $ 106 millones que debía pagar a la transnacional por haber perdido el litigio internacional en el caso denominado Chevron II.