El lunes pasado el Juzgado Segundo de Garantías Penales del Azuay declaró culpables a dos de los tres detenidos en un proceso de investigación en la cooperativa de ahorro y crédito Coopera, que derivó en dos juicios, uno por supuesto peculado y otro por presunto lavado de activos.

Los acusados apelarán la sentencia, según Rómulo Argudo, defensor de R.C.A.S. y el proceso continúa para otros siete involucrados considerados prófugos según el Tribunal Segundo de Garantías Penales.

En la audiencia por presunto lavado de activos (del 26 al 30 de junio pasados) se revelarían aspectos de cómo habrían operado 12 empresas consideradas fantasmas que no estarían tributando de acuerdo con el volumen de supuestas exportaciones que hacían.

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Uno de los documentos que forma parte del expediente de este caso (80 cuerpos con unas mil fojas cada uno) es la experticia que hace Rodrigo Ledesma Ocampo, perito en asuntos contables y financieros, a quien nombró Paola Molina Martínez, fiscal del Servicio de Atención Integral del Azuay, para que haga la revisión y comprobación de la documentación.

El peritaje analizó cuentas bancarias, societarias y la actividad económica de los procesados; determinó su patrimonio, la relación de los ingresos de las actividades que habrían realizado con el dinero que se registró en Coopera, y la existencia de presuntas operaciones económicas, financieras entre los procesados y las compañías.

El análisis de registros bancarios, societarios, tributarios y de toda la información financiera se basa en el periodo de operaciones del 2009 al 2013.

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El informe reporta que R.C.A.S., gerente de Coopera hasta su detención, constaba como accionista de la compañía Doscyaar Estudios y Construcción Cía. Ltda., con una participación del 20% (80 acciones de 400, a $ 1 cada una), según el peritaje.

En la pesquisa también se registra su nombre como gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera Ltda. y de la Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador (Renafipse).

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El peritaje determina que según el SRI, R.C.A.S. registró ingresos por rentas de trabajo y otros, sueldos y sobresueldos y utilidades en relación de dependencia entre el 2009 y el 2012. Y el 2013, entre enero y junio, un total de $ 331.545,62, monto que no guardaba relación con los movimientos bancarios registrados en tres cuentas de Coopera a su nombre, dos en la cooperativa Codesarrollo y una en el Banco Pichincha, que hasta la detención se registró en $ 1’004.820,43; y la diferencia, $ 673.274,81, no habría justificado su origen, concluye el perito.

También se determina que los otros dos sindicados, A.C.L., quien se habría desempeñado como jefe de Agencia, jefe de Créditos y director financiero, fue declarado inocente porque se demostró que sí hubo relación de sus ingresos laborales con el movimiento de cuentas. Lo mismo ocurrió con R.C.P., pero este fue declarado culpable porque al desempeñarse como oficial de Cumplimiento y auditor interno habría tenido que informar el manejo de cuentas.

El perito también analizó la relación de ingresos y egresos de otros imputados, quienes se encuentran prófugos, y de 12 empresas que entre ellas habrían realizado 84 transacciones utilizando cuentas del Banco Territorial y Coopera por $75’830.313,06, en cuentas aperturadas por cada uno en Coopera, entre octubre del 2012 y mayo del 2013, se detalla en el peritaje.

En el proceso se determina que los dineros de estas transacciones habrían entrado al país a través del Banco Central por medio del régimen del Sistema de Compensación Regional de Pagos, desde Venezuela.

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Se verificó que ninguna de las direcciones domiciliarias de las empresas era correcta y se suplantaron nombres en representaciones legales. La Unidad de Lavado de Activos reportó doble facturación y clonación de facturas, simulación de exportaciones y que se transfirió a Panamá, EE.UU. y Europa.

En la denuncia de la Fiscalía, testimonios –entre estos de extrabajadores de Tesorería y del oficial de Cumplimiento de la cooperativa Coopera– reportan que intentaron prevenir acreditaciones a las cuentas de estas compañías por falta de documentos de respaldo. Pero por orden del exgerente, R.A., debían hacerlas.

84 Transacciones habrían hecho entre sí, dice el perito, 12 empresas con cuentas en Coopera y Banco Territorial.

$ 75 millones sería el monto, según el informe, de las transacciones entre esas empresas.

Cronología
2013, junio 6

La Fiscalía inicia las investigaciones en el caso ‘Coopera’ con el informe de las transacciones que presenta la Secretaría de Economía Popular y Solidaria.

2013, junio 12
Coopera cierra sus puertas. Según la Fiscalía, las pérdidas alcanzaban los $ 45 millones.

2013, junio a septiembre
La Fiscalía vincula y formula cargos a siete ciudadanos.

2013, septiembre 23
Dos venezolanos, Y.C.P. y J.A.M.G., son vinculados al caso por la Fiscalía.

2013, octubre
El Juzgado Primero de Garantías Penales del Azuay dicta llamamiento a juicio.

2014, enero
La Segunda Sala de lo Penal del Azuay declara nulidad del proceso desde la vinculación de Y.C.P. y J.A.M.G.

2014, febrero
Se ratifica el auto de llamamiento a juicio para los nueve procesados.

2014, marzo
Nueve ciudadanos son llamados a juicio por Jorge Verdugo, juez Primero de Garantías Penales del Azuay.