En mayo del 2007, el presidente Rafael Correa anunció la primera emergencia del sistema penitenciario. Prometió implementar una verdadera política de rehabilitación social.
Las quejas para entonces eran las mismas de años anteriores: sobornos, ingresos ilícitos de armas, drogas y celulares, supuestos maltratos, riñas, muertes, fugas, hacinamiento y mafias que controlaban todo desde adentro.
En ese tiempo se repetía desde el discurso oficial que los centros penitenciarios eran escuelas de especialización de la delincuencia, un ejemplo, la Penitenciaría del Litoral, en el kilómetro 17 de la vía a Daule.
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Más recursos económicos, creación de cárceles y remodelación de otras, capacitación y cambio de guías y funcionarios del sistema penitenciario, así como la habilitación de doce pabellones nuevos en la Penitenciaría del Litoral fueron parte de las ofertas gubernamentales, que aspiraban a cambiar el sistema existente.
Seis años después del anuncio presidencial, los problemas persisten dentro de la Penitenciaría del Litoral. Las quejas de pagos de los internos para estar en condiciones un poco más privilegiadas, como dormir en un colchón o no ser agredidos por otros reos, continúan.
Así afirman familiares de presidiarios y ciudadanos que recuperaron su libertad en los últimos días. Adentro de ‘La Peni’ manda el dinero, acotan los parientes. Lo que ha cambiado son los costos de los ‘privilegios’, cuya cuota aumenta con el pasar del tiempo. Este Diario entrevistó a más de 20 parientes de internos, que coincidían en que los sobornos están casi en todas las áreas de esta cárcel, pasa por funcionarios, guías, personal de vigilancia y por los mismos reos.
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“Mi hijo antes de ir al policlínico debe pagar $ 2 por cada puerta que cruza. Y son cinco. Es un infierno adentro, no lo deseo a nadie”, dice María, madre de un interno acusado por tenencia ilegal de arma, que aún no tiene sentencia.
Nadie denuncia, indican los entrevistados, por temor a represalias con sus internos y porque, según ellos, no confían en la justicia. “Aquí todo el mundo sabe lo que pasa. Todos saben quiénes son los que mandan. Todo es con dinero”, añade Guillermo, tío de un interno, que ha prestado dinero para que cuiden a su sobrino.
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Gladys cuenta que cuando su hijo llegó a la Penitenciaría, hace cuatro meses, pagó $ 300 el mismo día del ingreso para que lo cambien de Cuarentena a Samaritano. Dio $ 5 de la guardia semanal y $ 40 para la comida. Ahora el alimento semanal llega a $ 60.
Hay reos que contaban con TV, aires acondicionados, laptops y negocios, como tiendas y restaurantes. Para el ingreso, dicen sus familiares, tenían el permiso correspondiente.
Un informe de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) precisa que de enero a octubre de este año hubo 22.202 detenidos en condiciones de hacinamiento en las cárceles. Se agrega la venta de celdas y corrupción.
Aquí se paga por todo. Uno no puede entrar medicinas, pero adentro sí las venden. Una pastilla de $ 0,40, acá está en $ 2”.Marisol, esposa de un interno
