Grupo Clarín analiza llevar a cortes internacionales la Ley de Medios

La Corte Suprema de Justicia desestimó ayer un supuesto pacto con el gobierno de Cristina Kirchner para declarar constitucional una ley que obliga al Grupo Clarín, crítico del Ejecutivo, a desprenderse de algunas licencias de radio y TV.

“La Corte no ha hecho un pacto con nadie, es la misma de siempre”, declaró el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ante denuncias de opositores políticos y medios sobre la supuesta existencia de un acuerdo con el gobierno.

El magistrado aclaró que “la función de la Corte es marcar lo que estaba concretamente demostrado, que no se afecta a la libertad de expresión”.

El martes, la Corte declaró constitucionales los cuatro artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que eran cuestionados por el grupo Clarín, en un pleito judicial iniciado hace cuatro años.

Clarín tiene el diario de mayor circulación en Argentina, el 41% de mercado de radios, el 38% de la televisión abierta y el 59% de la televisión por cable, cuando el máximo es del 35%.

El diario La Nación, también crítico del gobierno, señaló que “las versiones más creíbles aunque negadas por la Casa Rosada (gobierno) indicaban que el fallo de la Corte Suprema que convalidó la constitucionalidad de la ley de medios fue negociado desde hace más de tres meses por la propia presidenta”.

El Grupo Clarín anunció que analiza acudir a tribunales internacionales e insistió en que la ley constituye “una clara afectación a la libertad de expresión” y a los “medios que hacen periodismo crítico”, dijo.

Anunció que exigirá en las “instancias correspondientes y previo a cualquier otra medida” que la autoridad que vela por la aplicación de la ley y el proceso de desinversión actúe con imparcialidad y solvencia técnica, como recomendó la Corte.

Martín Sabbatella, autoridad que regula el mercado audiovisual, señaló que los plazos de adecuación voluntaria del Clarín a la cantidad de licencias establecida han vencido, por lo que se decidió “dar continuidad a los procesos de aplicación” en los tribunales. Ello implicaría abrir un concurso público para transferir las licencias.