A Fondo: Ley de Comunicación

Terminó de integrarse el pasado lunes y el miércoles ya tuvo su primera sesión oficial. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación comenzó con la organización interna y delinea, de a poco, su trabajo como el ente que tendrá puesta su lupa sobre los medios de comunicación del país.

Fue creado por la Ley Orgánica de Comunicación, que en su artículo 47 lo concibe como “un cuerpo colegiado con personalidad jurídica, autonomía funcional, administrativa y financiera, cuyo presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de esta entidad”. Sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento y su financiamiento saldrá del Presupuesto General del Estado, señala el cuerpo legal, publicado en el Registro Oficial, el 25 de junio.

El organismo tendrá doce atribuciones, según lo confiere el artículo 49 de la Ley. Entre otras, deberá regular el acceso universal a la comunicación y a la información, la clasificación de contenidos y franjas horarias, así como establecer mecanismos para difundir las formas de comunicación propias de los distintos grupos sociales, étnicos y culturales. El reglamento definirá su alcance.

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Se le asigna también la atribución de “elaborar el informe vinculante en los casos previstos en esta Ley, para la adjudicación o autorización de concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión abierta, y para la autorización de funcionamiento de los sistemas de audio y video por suscripción”. Y es el encargado de elaborar el informe para que la autoridad de telecomunicaciones resuelva sobre la terminación de una concesión de radio o televisión por “incumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto comunicacional”.

Sus cinco integrantes: Patricio Barriga, quien lo preside al ser el delegado del presidente Rafael Correa; Paulina Mogrovejo, Roberto Wohlgemuth, Tamara Merizalde y Hernán Reyes, serán los encargados de ejecutar esas atribuciones. Ellos cuentan con formación en jurisprudencia, sociología, derechos humanos y comunicación. Y tienen en común haber trabajado como funcionarios, consultores o asesores en entidades públicas afines al régimen.

Su designación se dio de forma directa, como lo establece el artículo 48 de la Ley, que señala que se integrará con un representante de la Función Ejecutiva, de los Consejos de Igualdad, del Consejo de Participación Ciudadana, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y del defensor del pueblo.

El Consejo debe iniciar la elaboración de su reglamento, para lo que tiene 60 días y en el que deberá especificar, por ejemplo, cómo será el procedimiento para que los medios de comunas y nacionalidades, que adoptaron la figura de empresas o corporaciones de derecho privado, puedan obtener frecuencias y ser medios comunitarios.

Algunos de los consejeros ya han hecho sus propias propuestas. Wohlgemuth planteó la conformación de una dirección de contacto ciudadano para atender las necesidades de los medios locales y las comunidades. Mogrovejo impulsó la creación de un observatorio de medios, independiente del Consejo, para que vigile la publicidad y contenidos que puedan afectar a sectores de la sociedad. Esto, para tener una base técnica sobre la cual tomar decisiones.