Con la presentación de dos recursos: nulidad y apelación, Diego Vallejo intenta dejar sin efecto la segunda condena que enfrenta, esta vez a dos años de prisión correccional por el delito de asociación ilícita, dictada por el Tribunal Quinto de Garantías Penales de Pichincha.

La primera sentencia dictada contra Vallejo, quien ha sostenido que fue consultor en la Secretaría de Transparencia y en el Ministerio de Justicia (aunque no hay registro administrativo de su paso por esa cartera de Estado), fue a un año de prisión por el delito de tenencia ilegal de armas.

Esa condena, que fue emitida el 31 de mayo pasado por el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha, está por cumplirse el próximo 29 de junio, pues en esa fecha, hace un año, fue detenido.

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Los recursos de nulidad y apelación por este segundo caso que enfrenta Vallejo fueron planteados por su defensa el pasado viernes.

Además de Vallejo, el Tribunal Quinto sentenció con la misma pena a William Galiano, quien fue detenido el pasado 29 de junio durante un operativo antidelincuencial en el que se revisaban vehículos.

En esa ocasión, Vallejo y Galiano circulaban por la intersección de las avenidas Naciones Unidas y Unión Nacional de Periodistas en el vehículo de propiedad del segundo.

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Según las investigaciones, en poder de Vallejo se encontró una mochila que contenía un paquete con afiches del partido político Pare y dos armas de fuego. Además de un sobre manila con fotografías de Jorge Hugo Reyes Torres y un croquis del domicilio del entonces presidente de la Judicatura Transitoria, Paulo Rodríguez.

Por esa evidencia, el Tribunal sostiene –en su fallo– que quedó demostrado que la asociación ilícita se formó para obtener información protegida de personas, sin orden judicial o autorización previa.

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De Vallejo, los jueces aseguran que al rendir su testimonio admitió que tenía información, en muchos casos de personas públicas de Ecuador sin tener una orden judicial para conseguirla.

Ambos sentenciados deberán cumplir los años de cárcel y pagar perjuicios que ocasionaron por el delito cometido.

Juan Pablo Albán, abogado de Vallejo, se ha quejado de que los jueces no le han permitido aportar pruebas de descargo.