Voces de preocupación y júbilo por futuro de la prensa en Ecuador

Gremios que representan a medios de comunicación, al igual que organismos de defensa de la libertad de expresión se mostraron preocupados por la aprobación de la Ley de Comunicación en Ecuador.La Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios) publicó ayer un editorial conjunto denominado ‘¿Estocada final a la libertad de prensa en Ecuador?’, en el que advierte de los riesgos para la libertad de prensa y el derecho a la información con la aprobación de la ley.En su primer párrafo mencionó que la relación entre la prensa y los poderes públicos y privados se ve sometida a permanentes conflictos. “Y es natural que así sea... La prensa, en su condición de perro guardián de la democracia, y con el fin de mantener informada a la ciudadanía sobre lo que la afecta y es de su interés, busca develar lo que funcionarios y poderosos no tienen interés en que se conozca”.Esto generó molestias en el régimen, el secretario de Comunicación de Carondelet, Fernando Alvarado, en su cuenta de Twitter reprochó: “Un cártel d 1/2s (medios de comunicación) colombianos quieren interferir en las decisiones soberanas del Ecuador (...) ¡q vayan a mandar en su casa!”.El comunicado advierte que la “aprobación de esta nueva ley no solo afectaría la prensa ecuatoriana, sino que se constituiría en un duro golpe para la libertad de expresión, información y prensa en el mundo entero”.Una vez que la nueva Ley de Comunicación se aprobó, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) lamentó en un comunicado que “no existan disposiciones que despenalicen los delitos de difamación e injuria, de forma contraria a la tendencia que generalmente se observa en el continente”. Por lo que aspiran a que en “un corto plazo” se ejecute una reforma en el Código Penal que aún está elaborándose en la Asamblea.Érick Samsom, representante de RSF en Ecuador, insistió en que este tipo de delitos deben tener sanciones pecuniarias y no penales. Y aunque resaltó que en el nuevo cuerpo legal se mantengan derechos del comunicador como la prohibición de la censura previa, la cláusula de conciencia y el secreto de fuente, cuestionó la poca claridad en lo que será la “repartición de las frecuencias”. Dijo estar preocupado por desconocerse los criterios con los que sancionará la Superintendencia de Información y espera que sea un periodista quien la presida “que haya trabajado en una redacción y escrito un titular en su vida”.La vicepresidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Guadalupe Fierro, cuestionó que en el contenido se solicite la publicación de temas de “interés público”.Para ella, eso significará una agenda gubernamental impuesta a los medios. “El Gobierno no considera que ya tiene los medios necesarios con los que puede hacer uso de ellos para hacer propaganda de sus programas”, indicó.A la preocupación de estos actores se sumó el de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) que pidió ayer a la comunidad internacional preste “atención” al articulado.Según un comunicado, se ponen en “situación de grave riesgo” a las libertades de expresión contrariando los estándares internacionales.El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) dijo que “impulsará mecanismos de control social para que la ciudadanía se involucre de manera protagónica en el ejercicio de sus derechos a la comunicación e información” e “iniciará los procesos para cumplir con transparencia y celeridad las responsabilidades asignadas” en la Ley de Comunicación, como la designación del superintendente de la Información y Comunicación. Así también designarán a los defensores de audiencias y lectores por concurso público y tendrán contacto con las audiencias y lectores y espacios para la publicación de errores y correcciones.

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