La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tachó hoy de "retroceso histórico" para la región la Ley de Comunicación aprobada en Ecuador, porque a su juicio "consagra" la violación de los derechos humanos y la censura previa, y coloca al presidente Rafael Correa en la posición de "Gran editor".

Con la aprobación hoy de esta ley "liberticida" se produce uno de los "retrocesos más graves en materia de libertad de expresión de la historia reciente de América Latina", dijo en una entrevista con Efe el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, el uruguayo Claudio Paolillo.

La Ley de Comunicación aprobada por la Asamblea Nacional de Ecuador, donde el movimiento oficialista Alianza País tiene mayoría absoluta, incluye novedades como la figura del "linchamiento mediático" y la creación de un Consejo de Regulación de Medios, considerado una "mordaza" por la oposición.

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En opinión de Paolillo, se trata de un "antecedente nefasto que determina la instalación definitiva de la censura previa" en Ecuador y promueve la "acumulación de medios en manos del Estado", como ya viene sucediendo con el Gobierno de Rafael Correa, dijo.

El presidente de esta comisión de la SIP, con sede en Miami, alertó sobre la "letra de una ley que impulsa una situación de autocensura en los medios", ya que su vulneración implica graves sanciones.

En ese contexto, advirtió de que la figura del "linchamiento mediático" no es otra cosa que el "establecimiento de un sistema de censura previa" que convierte al mandatario ecuatoriano en el "Gran Hermano" y "Gran Editor" de la nación.

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Se refirió también al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, un organismo oficial que "sólo tiene representantes de los poderes públicos", que establece el reglamento que "contienen las sanciones" y "viola todos los instrumentos internacionales de derechos humanos".

Además, esta ley faculta al Estado para "imponer contenidos a los medios de comunicación", lo que entraña otra violación de la libertad de expresión, apuntó el también director del semanario uruguayo Búsqueda.

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En definitiva, defendió que se trata de un "conjunto de normas todas contrarias a la libertad de prensa y expresión" que determinan un "retroceso histórico no solo para Ecuador sino para toda América Latina, el más grave de la historia reciente" de la región.