Mientras el oficialismo agenda las reformas a la Ley Minera, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –la Conaie–, Ecuarunari y el brazo político Pachakutik arman las acciones de resistencia frente a este primer proyecto que tramita la nueva Asamblea.
Hoy la Comisión de Régimen Económico debatirá el informe para el primer debate y el pleno lo conocerá este viernes, según anunció ayer la Presidencia de la Asamblea.
Publicidad
El sector indígena instalará parlamentos plurinacionales en el país y acciones judiciales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así lo reveló el presidente de la Ecuarunari, César Pérez Guartambel, quien expuso al menos diez observaciones en las que da cuenta de la supuesta vulneración de los derechos colectivos garantizados en la Constitución y que estarían en riesgo si se aprueba el proyecto urgente del Ejecutivo.
La primera fase de estas acciones de resistencia será informar a las comunidades y pueblos indígenas sobre lo que significa la propuesta del Gobierno, fundamentalmente, lo que consideran desprotección de los derechos de la naturaleza.
Publicidad
Cumplida esa fase se instalarán en Ecuador tres parlamentos plurinacionales, y el primero será en Cuenca el 5 de junio próximo, en el Día Mundial del Ambiente.
La ley urgente, añadió el líder indígena, amenaza a la naturaleza y el buen vivir de los pueblos, comunidades, comunas y nacionalidades, porque ablanda los requisitos que protegían de alguna forma a la naturaleza, ya que para las concesiones mineras ya no se necesitarán licencias ambientales, sino fichas ambientales, así como informes de varias instituciones que fueron incluidas en la misma Ley de Minería, encargadas de vigilar la no vulneración de la naturaleza.
Los parlamentos plurinacionales se realizarán en la Sierra sur, Sierra central y en la Costa, y en ellos se convocará no solo a los campesinos e indígenas, sino a todos los sectores sociales, educadores, profesionales, estudiantes y trabajadores; y será el espacio que marcará la diferencia con la Asamblea y que consideran el mejor escenario para que se desarrolle la consulta prelegislativa.
“Con ley o sin ley hemos vivido 520 años y la resistencia continuará”, sentenció el presidente de la Ecuarunari, quien aclaró que la dirigencia accionará lo que diga la población.
Dijo que el movimiento indígena reconoce que hay una injerencia fortísima del Gobierno a través de los bonos y de una cantidad de regalos y prebendas que llegan hasta las comunidades; canonjías que van desde dar un par de botas de color verde hasta ofrecimientos de embajadas.
Parte de la resistencia a la aplicación de esta ley será agotar todas las instancias nacionales antes de acudir a organismos internacionales, explicó el dirigente de la Ecuarunari, pues si esta ley pasa de manera inmediata presentarán dos acciones legales: la primera, plantear una demanda por incumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Constitucional donde se dice que se debe hacer consulta prelegislativa cuando una ley afecta a los derechos colectivos; y la segunda demanda por supuestas inconstitucionalidades en la norma, porque considera que vulnera los derechos colectivos, entre otros, el de la consulta prelegislativa, un derecho irrenunciable y garantizado en la misma Constitución aprobada en Montecristi.
Reparos indígenas
proyecto reformatorio
1
Carácter orgánico
La Ecuarunari cuestiona que con las reformas se pretenda calificar a la Ley de Minería como orgánica, cuando la que rige es ordinaria. Esto la pondría por encima de las leyes de Tierra y Aguas, y violaría la Constitución.
2
Cantidad de informes
El proyecto reduce de diez a dos los informes favorables que se requieren para una concesión minera. Indica que solo se requerirán los del Ministerio del Ambiente y de la Autoridad Única del Agua.
3
Estudios ambientales
La mediana y gran minería solo requerirán de fichas ambientales para la fase de exploración inicial, y para la avanzada, de una declaratoria ambiental. Solo la etapa de exploración exige estudios.
4
Grados de incumplimiento
El texto elimina la sanción de caducidad de la concesión o permiso de explotación para quien incumpla el tratamiento de aguas. El Ejecutivo plantea suspender las actividades según el grado de incumplimiento.
5
Casos sin subasta
La Ecuarunari cree que se busca beneficiar a ciertas empresas mineras extranjeras porque exceptúa de subasta o remate público a la concesión que efectúe el Estado mediante delegación.
6
Regalías
La agrupación alerta de un favoritismo en el reparto de las regalías porque se eleva el mínimo porcentual sobre las ventas del mineral. Además, el Estado no estará obligado a destinar el 60% a los GAD.
7
Delimitación territorial
El texto elimina la disposición que indica que la explotación directa y subastas destinadas a concesiones mineras solo será en determinadas áreas, lo cual podría ampliarse a las zonas indígenas o protegidas.
8
Tierras ancestrales
Se violaría la Constitución, sobre todo, el derecho colectivo de los pueblos a mantener la posesión de los territorios ancestrales y tener su adjudicación gratuita.
9
Consulta prelegislativa
También considera que hay una violación pues la Carta Política reconoce a los pueblos su derecho a exigir una consulta prelegislativa antes de ciertas leyes.
10
Buen vivir
La Ecuarunari sostiene que se viola la Constitución porque esta reconoce el derecho de la población al buen vivir.