Ordenanza de rejas en Guayaquil: el largo proceso para obtener permisos inquieta a moradores de barrios

La problemática de la falta de una normativa para la instalación de rejas en la ciudad finalmente llegó a su fin con la aprobación de la ordenanza que regulará la ocupación del espacio con estos elementos.Sin embargo, aunque la luz verde la dio el cuerpo edilicio en los dos debates, hay ciertos reparos por parte de dirigentes y moradores de sectores en donde se levantaron estas estructuras como una manera de blindarse ante la delincuencia y en donde se han invertido montos que van desde los $ 500 hasta más de $ 1.500.Los puntos que les generan ruido son, sobre todo, los tiempos para regularizar las rejas y portones ya instalados, las regalías y las sanciones a quienes incumplan los requisitos establecidos. También señalan que durante la elaboración de esta normativa faltó participación de residentes de diferentes sectores.Dentro de la norma, para los casos de los colectivos o comunidades que hayan instalado elementos de seguridad en el espacio o vía pública con anterioridad a la vigencia a la ordenanza, y que deseen regularizarse, se da un plazo de seis meses.Se citan, dentro de la ordenanza, tres tipos de portones y sus especificaciones a los que se podría acceder, siempre y cuando se cumpla con la admisibilidad y la factibilidad del entorno para la instalación.Asimismo, hay multas que van desde $ 92 hasta $ 2.300, en el caso de las más graves.Para Richard Maldonado, dirigente de la Unión Cívica Atarazana, los requisitos, si bien buscan normar y regular, lo que hacen es “estresar al pueblo”. En la norma se detallan al menos 21 ítems entre condiciones mínimas y obligaciones para los elementos de seguridad en el espacio o vía pública.“Los requisitos o lo que se detalla en la ordenanza harán que el pueblo en algún momento se indigne y diga: ‘Bueno, hasta ahí lo dejamos por el mucho trámite’”, dijo Maldonado, quien mencionó que dentro del sector que preside hay preocupación por las inversiones realizadas en los últimos años para la instalación y mantenimiento de las estructuras.Según el dirigente, hay barrios que sí logran formar comitivas y organizarse, mientras que en otros es un trabajo complejo unir y buscar una cooperación conjunta.En Guayaquil, ciudadelas como Alborada, Albatros, La Garzota, Urdenor, Samanes, Esteros, Acacias, entre otros sectores, optaron por esta forma de protección y poco a poco pasaron de ser ciudadelas abiertas a conjuntos cerrados. En cada una de esas zonas se formaron grupos barriales, quienes lideraron la recolección de cuotas y se encargaron luego de la instalación de los portones.Para Maldonado, algo que no se especifica en la norma es el apoyo que vendrá por parte de las autoridades municipales.En la ordenanza se detalla que por regalías de los portones metálicos en vías peatonales se pagará el 5 % de un salario básico, mientras que por los portones metálicos en calles vehiculares con aceras menores a 1,50 metros se cancelará 7,5 %.La regalía por los portones metálicos en calles vehiculares con aceras iguales o mayores a 1,50 metros será de 10 % de un salario básico.“Aquí nos especifican las regalías, los permisos, las sanciones, pero ¿cuál va a ser el rol del Municipio? Por lo menos se debe especificar o nos deben explicar si habrá un participación de su parte. Si quieren cobrar por el uso del suelo, que lo cobre, pero que haya una acción positiva en favor de los barrios, de las comunidades”, recalca Maldonado.En su sector, en La Atarazana, la colocación de rejas empezó en 2021. Poco a poco, las diferentes manzanas se unieron para cerrar peatonales y ponerse a buen recaudo.Desde la visión de residentes y líderes de varios sectores, no hubo la socialización y participación necesaria para dar puntos de vista.Moradoras de Samanes y Guayacanes mencionaron que la convocatoria para las socializaciones en la etapa de elaboración de la ordenanza fue dirigida y que hizo falta que se escuchen las necesidades de cada sector, ya que obedecen a realidades diferentes.Rory Sangster, presidente del Consejo Barrial de Urdenor 2, bloque B, señala que en esta nueva etapa en la que las socializaciones deberán continuar en la ciudad para que se conozca la ordenanza “no se debería excluir a sectores”.“La socialización no tiene que ser solo con el que está de acuerdo, sino también con el que está en desacuerdo para llegar a puntos medios”, dice Sangster.Para el dirigente, es necesario que la ordenanza sea flexible, ya que cada barrio tiene problemáticas distintas. “No nos pueden tratar a todos por igual. Sí tiene que haber una socialización un poco más cercana con todos; porque, la verdad, lo que nos están dando a entender es que, si piensas diferente, estarás lejos de llegar a la aprobación de un permiso”, indica.En Guayaquil hay un estimado de 195 rejas, con base en un conteo de Urvaseo. (I)

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