El Municipio de Guayaquil fijó su posición frente a la resolución aprobada por la Asamblea Nacional para fiscalizar la gestión del agua y los residuos en las principales ciudades del país, al considerar que esta medida vulnera la autonomía de los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y excede las competencias del Legislativo.
Con 77 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución que exhorta a la Contraloría General del Estado a realizar exámenes especiales a la concesionaria Interagua, a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag-EP) y a otras entidades vinculadas al manejo del agua.
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Además, insta al Ministerio de Ambiente y Energía a reforzar los controles sobre la calidad del agua potable y exige a los municipios la entrega de informes trimestrales detallados ante el Parlamento.
El Municipio defiende su autonomía y competencias
Ante este escenario, el coordinador general jurídico del Municipio de Guayaquil, César Poveda Valdivieso, cuestionó que la Asamblea pretenda fiscalizar a un gobierno autónomo descentralizado.
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Afirmó que el Legislativo no tiene atribuciones constitucionales ni legales para emitir informes o imponer controles sobre el Municipio, Emapag o una empresa privada como Interagua, y recalcó que el único órgano con competencia para fiscalizar a la administración municipal es el Concejo Cantonal.
Calidad del agua en Guayaquil: sin crisis ambiental ni residuos fecales
En relación con el agua potable, Poveda sostuvo que no existe una crisis ambiental en Guayaquil y señaló que el tema se ha vuelto a posicionar en el debate público como parte de una narrativa política.
Según dijo, estas acciones buscan desviar la atención de otros escándalos nacionales y utilizan el manejo del agua como un eje recurrente de confrontación.
Poveda aseguró que la calidad del agua que consumen los guayaquileños está respaldada con documentación técnica.
Indicó que el Municipio cuenta con una certificación vigente del Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), válida hasta 2028, que acredita que el agua es potable y apta para el consumo humano.
Añadió que se trata de un organismo técnico que depende del Ejecutivo, lo que, según enfatizó, descarta cualquier intento de deslegitimar el aval.
Asimismo, informó que existen cuatro estudios elaborados por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) en diciembre de 2023, los cuales concluyen que no hay presencia de residuos fecales en el agua distribuida en la ciudad.
Según Poveda, estos informes confirman que Guayaquil cuenta con uno de los niveles de tratamiento de agua más altos a escala nacional.
Avances en el tratamiento de aguas residuales y multas impuestas
Poveda también se refirió a los cuestionamientos relacionados con el tratamiento de aguas residuales y explicó que se originaron por el crecimiento demográfico de la ciudad, que volvió insuficientes las lagunas de oxidación.
En ese contexto, señaló que está en ejecución la planta de tratamiento de aguas residuales Los Merinos, obra que, según indicó, fue recibida por la actual administración con apenas el 13 % de avance y que actualmente alcanza el 71 % de ejecución.
Respecto de las acciones administrativas derivadas de este tema, el coordinador jurídico informó que tanto Emapag como Interagua ya fueron sancionadas con multas que suman $ 71.000.
Afirmó que, pese a ello, se intenta imponer un nuevo procedimiento sancionador por los mismos hechos.
El Municipio rechaza exigencias
Poveda rechazó la exigencia de informes trimestrales ante la Asamblea y reiteró que el Municipio continuará respondiendo con estudios técnicos y documentos oficiales.
Señaló que la administración municipal mantendrá su postura en defensa de la autonomía de los GAD y de la calidad del servicio de agua potable, frente a lo que calificó como un “show mediático” impulsado desde el Legislativo.(I)