El hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC), del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ha sido intervenido nuevamente tras el crimen de un funcionario.
En marzo de 2023, Nathaly López, directora administrativa del hospital, fue asesinada a tiros cuando salía del sanatorio y circulaba por el paso elevado de la av. Pío Jaramillo y av. 25 de Julio. Por este caso se dio la incursión de militares y la puesta de exoficiales de la Marina en puestos estratégicos, entre ellos Mac Mera como gerente.
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Además, en febrero de 2024 se dio otra intervención luego de la renuncia de Franklin Encalada, entonces gerente general. Días antes se había reportado el secuestro del director administrativo, Ronny Camba, de quien hasta ahora se desconoce su paradero.
Esta semana, el martes 3 de marzo, Carlos Maruri, director de Servicios Generales del mismo sanatorio, sufrió un atentado mortal cuando salía de su domicilio en la coop. Justicia y Libertad, en el sur, para dirigirse a su lugar de trabajo.
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Nueva intervención en el Maldonado Carbo
Esta vez, vía decreto ejecutivo, el miércoles 4, el presidente Daniel Noboa dispuso la intervención temporal, excepcional e integral del hospital para restablecer el control institucional y la continuidad del servicio público de salud.
Por esta nueva novedad, desde el miércoles 2, personal policial y militar resguarda las instalaciones del hospital del seguro social.
Ese mismo día, el presidente del directorio del IESS, Bernardo Cordovez, cumplió un recorrido en el sanatorio en compañía de las principales autoridades locales de Policía y Fuerzas Armadas.
Esta mañana, militares desarrollaron un operativo de control de armas, municiones y explosivos en el área de emergencias y del ingreso principal.
Esta mañana estuvo el comandante del Grupo de Tarea 100.51 Seguridad Marítima, encargado de los distritos de la zona sur de Guayaquil. Él dijo que se ha dispuesto la presencia de diez uniformados.
El personal militar realiza coordinaciones con el gerente del hospital para colaborar en labores de seguridad de trabajadores, usuarios y pacientes.
La presencia militar se mantendrá de forma permanente; y en los exteriores, de manera aleatoria, se realizan controles de armas, municiones y explosivos (Camex).
Además, una patrulla militar se desplegó en el hospital.
“Hemos hecho una coordinación con el gerente y estamos dispuestos a colaborar en beneficio de la seguridad del hospital, usuarios y personal que trabaja aquí en el hospital”, remarcó el militar.
Otro contingente policial también se ubica en el sanatorio. No se ha revelado el número preciso de uniformados.
Dentro del decreto reciente, Noboa dispuso que el Ministerio de Salud Pública asuma directamente la administración y que destine un interventor en el lapso de cinco días desde la firma del decreto.
Hoy, pacientes auguraron que la administración pueda resolver los problemas de corrupción que desde hace años afectan la administración hospitalaria.
El mismo Noboa atribuye el reciente crimen del funcionario que se habría negado a la firma de contrato a favor de “mafias” con supuestos servicios de limpieza.
“Así es como el crimen organizado intenta infiltrarse en el sistema de salud: capturando contratos, presionando autoridades y usando la violencia cuando no logran imponerse”, sostuvo Noboa.
Mario, un paciente que asiste de manera regular a consulta externa, pidió que las compras y citas médicas se agilicen para que los servicios tengan mayor agilidad tanto en provisión de las medicinas como periodicidad de las atenciones.
“Que a todos los trabajadores les hagan pruebas (de idoneidad), y eliminen a los malos”, dijo él.
Durante la jornada siguen activos los servicios de consulta externa y emergencia del hospital. (I)