Personal de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) junto con Intendencia de la Policía desarrollaron un operativo de control a la venta de mascarillas, en medio del contexto de alerta epidemiológica por casos de tosferina.
Desde esta semana, el Ministerio de Salud impulsa una campaña de prevención para evitar contagios y se ha incentivado el uso de mascarilla en ciertos espacios y en caso de tener sintomatología. A nivel de planteles educativos, la disposición se da de manera obligatoria.
Según la Gobernación del Guayas, en los locales visitados, las autoridades decomisaron más de 500.000 mascarillas que tendrían sus permisos sanitarios caducados y se estarían ofreciendo a valores elevados.
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Varios establecimientos fueron clausurados por Arcsa y se inició un proceso sancionatorio que podría derivar en el pago de diez salarios básicos unificados (de $ 4.700) y el cierre podría extenderse hasta 30 días.
Las intervenciones se desarrollaron en locales de calles de la Bahía, como Manabí, Rumichaca, Capitán Nájera, Chimborazo y Coronel, donde se ubican distribuidoras e importadoras.
Leopoldo Pereira, comisario de Intendencia de Policía, dijo que en los controles de Intendencia se constataron los precios de venta, y de parte de Arcsa se verificó que cuenten con registro de ley y estén aptas para el uso.
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En uno de estos locales se decomisaron quince pacas de mascarillas sin registro sanitario y con fechas de expedición vencidas, lo que representa un riesgo para la salud pública, y en otro establecimiento se retuvieron 100 bultos de cubrebocas.
Además, en estos controles se evidenciaron incrementos injustificados de los precios de las mascarillas.
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En estos controles, según el comisario, se constató la especulación de precios de las mascarillas. Por ejemplo, una caja de 50 unidades que tiene precio referencial de $ 1,70 a $ 2,20 se ofrecía a $ 4 y hasta $ 6. (I)