El Municipio de Guayaquil informó que abrió una investigación por un presunto caso de maltrato animal ocurrido en una camaronera de la isla Puná, luego de la difusión en redes sociales de un video y denuncias ciudadanas que alertan sobre la muerte de perros y que vinculan de manera preliminar a personal del establecimiento.
De acuerdo con el cabildo, los hechos denunciados contravendrían la Ordenanza que regula la protección y control de la fauna urbana, la cual “prohíbe expresamente prácticas como el ahogamiento, la sofocación y el enterramiento de animales vivos”. En este contexto, la Dirección de Protección de los Derechos de los Animales (Pro Animal) se trasladará al lugar de los hechos para “levantar un informe técnico sobre lo ocurrido”.
Con base en los resultados de esa inspección, la Comisaría Municipal dispondrá la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes. Según la normativa vigente, estas conductas constituyen infracciones muy graves, sancionadas con multas de entre tres y siete salarios básicos unificados y hasta 300 horas de servicio comunitario.
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El Municipio añadió que los hechos denunciados podrían configurar un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). El artículo 250.1 establece penas de seis meses a un año de prisión por la muerte de animales de fauna urbana, y de uno a tres años cuando exista crueldad. Por esta razón, se ha instado a la Procuraduría Síndica municipal a presentar la denuncia formal ante la Fiscalía para que “la investigación penal sea impulsada desde la vía correspondiente”.
Pronunciamiento de la CNA
En paralelo, la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) emitió un comunicado en el que expresó su “rechazo total y categórico a cualquier forma de maltrato animal”, calificando este tipo de conductas como “inaceptables, reprochables y contrarias a los valores de la sociedad ecuatoriana y del sector camaronero”. El gremio sostuvo que, de comprobarse los hechos, estos “deben ser investigados y sancionados de manera ejemplar, con todo el rigor que establece la ley”.
La CNA señaló además que “cualquier conducta individual que contravenga estos principios no representa al sector ni a quienes lo conforman”, al tiempo que pidió respetar el debido proceso. Según el comunicado, “la información difundida hasta el momento no permite identificar con claridad a los presuntos responsables, la ubicación exacta de los hechos ni las circunstancias en que estos habrían ocurrido”.
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El gremio recordó que “no es un organismo de control ni de sanción”, sino un ente privado de representación, y subrayó que las autoridades competentes son “las únicas facultadas para investigar, determinar responsabilidades y sancionar conforme a la ley”. No obstante, manifestó su “disposición de colaborar con las autoridades y trasladar cualquier información adicional, verificable y relevante que permita esclarecer los hechos”.
Protesta del MAN
Por su parte, el Movimiento Animalista Nacional del Ecuador (MAN) rechazó los hechos denunciados y cuestionó tanto a la industria camaronera como al rol del gremio. En un pronunciamiento público, el colectivo afirmó que “la crueldad animal no es desarrollo” y denunció lo que calificó como una “matanza cruel y sistemática de perros, y también de gatos, que se ejecuta en camaroneras del país bajo el eufemismo de ‘control poblacional’”.
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El MAN recordó que en Ecuador los animales “son sujetos de derechos, reconocidos por la Constitución y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional”, y sostuvo que prácticas como envenenamientos, golpes, ahorcamientos o disparos “no son manejo, no son control, no son producción, es salvajismo”. A su criterio, estos hechos constituyen “crueldad organizada” y “violencia institucionalizada”.
Asimismo, el movimiento animalista señaló que resulta “hipócrita e inaceptable” que el país se promocione como primer productor global de camarón con “altos estándares de bienestar animal”, mientras —según su denuncia— se asesina a perros y gatos dentro de la misma industria. En ese sentido, sostuvo que “el bienestar animal no es selectivo” y que “no se puede hablar de sostenibilidad mientras se practica la violencia”.
Finalmente, el MAN afirmó que la Cámara Nacional de Acuacultura es “corresponsable de estas prácticas mientras no las condene, regule y erradique de manera contundente”, y exigió el “cese inmediato y definitivo de toda forma de asesinato, persecución o maltrato” en camaroneras, así como la implementación obligatoria de programas éticos de manejo poblacional basados en esterilización, convivencia y adopción. (I)
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