La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade) manifestó su respaldo a los operativos realizados en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
La organización subrayó que la transparencia y la legalidad son pilares del funcionamiento institucional.
No obstante, Aeade alertó que el cierre de la ANT implica la suspensión de servicios públicos esenciales, con repercusiones directas para los usuarios, los operadores económicos y el control de la seguridad vial.
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Según el gremio, la paralización de procesos como la homologación vehicular, la emisión de matrículas, el registro de unidades de transporte, la calificación y entrega de licencias de conducir, así como la emisión de certificados y la gestión de infracciones, afecta los derechos de los ciudadanos y debilita los controles sobre el parque automotor.
La Asociación señaló que, en lo inmediato, esta situación puede generar demoras en los procesos normales de matriculación y retrasar la entrega de vehículos a los compradores, pese a que estos hayan cumplido oportunamente con sus obligaciones contractuales, técnicas y tributarias.
En ese contexto, Aeade sostuvo que la lucha contra la corrupción debe fortalecerse sin interrumpir funciones críticas del Estado.
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Por ello exhortó a las autoridades competentes a garantizar la operatividad de los procesos y sistemas esenciales de la ANT mediante mecanismos de emergencia que aseguren continuidad, control y transparencia mientras avanzan las investigaciones.
El pronunciamiento se produce mientras el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, informó que los trámites relacionados con la emisión de licencias de conducir, la compra y venta de vehículos y otros servicios de la ANT permanecerán paralizados durante el proceso de investigación por presunta corrupción.
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Según Luque, la medida busca facilitar una depuración integral del personal y de los sistemas internos, y se estableció por un periodo inicial de evaluación de 15 días, con la posibilidad de extenderlo hasta 30.
Luque indicó que los servicios se irán habilitando de forma progresiva conforme se consolide la depuración en cada área y reconoció las afectaciones a la ciudadanía, aunque remarcó que la decisión responde a la necesidad de enfrentar un problema de mayor gravedad relacionado con la corrupción y el crimen organizado.
Las declaraciones del ministro se enmarcan en un operativo de gran escala ejecutado por la Fiscalía en varias provincias, que investiga una presunta estructura dedicada al cobro ilegal de dinero para agilizar trámites dentro de la ANT.
Durante las diligencias se incautaron 38 teléfonos celulares, 8 computadoras portátiles, 55 dispositivos electrónicos y 165 documentos, además de $ 53.510 en efectivo y un arma de fuego con sus accesorios. Diez personas fueron detenidas, entre ellas el director nacional de la entidad, y las investigaciones continúan. (I)
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