Concejo de Guayaquil debate y acepta que Tatiana Coronel siga como alcaldesa subrogante

En la sesión ordinaria 163, este mediodía, el pleno del Concejo Municipal trató la “extensión de la subrogación” de funciones de Tatiana Coronel como alcaldesa de Guayaquil, en reemplazo de Aquiles Alvarez, quien permanece en la Cárcel del Encuentro por tres investigaciones judiciales en su contra.

En el inicio de la cita, desarrollada en el Salón de la Ciudad, el concejal Arturo Escala mocionó un cambio del orden del día para tratar las licencias solicitadas por las edilas Ana Fuentes y Juana Montero, y además la ratificación del encargo de alcaldesa subrogante a Coronel, en concordancia con el artículo 62, literal a, del Cootad.

Luego de un amplio debate, los concejales dieron paso a la solicitud de Escala, aunque no se dijo de manera pública el plazo exacto de días de la nueva subrogación.

Hubo mayoría de votos a favor de la medida, así como votos de abstención, como de Soledad Diab, y en contra de Cinthia García.

“Han tomado la decisión, es mi responsabilidad entonces seguir subrogando al alcalde de Guayaquil, y tengo una responsabilidad además con la ciudad, de seguir con los servicios, de seguir atendiendo los partes. Ayer estuvimos visitando los vacacionales, esa es la responsabilidad que tengo con la ciudad”, expuso Coronel, al finalizar la votación de este punto que -dijo- apenas había conocido en la cita.

De no aceptar esta subrogación, ella advirtió que debería renunciar ahora mismo. “Claro, tengo que poner en la mesa esta posibilidad; sin embargo, actuando en democracia, este cuerpo edilicio ya se ha pronunciado”, expuso Coronel, en medio de aplausos del público presente.

Previamente, el concejal Escala expuso varios antecedentes de otras autoridades en circunstancias similares, como de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, en 2019, cuando el pleno ratificó al viceprefecto en la subrogación y del actual alcalde de Pujilí, Raúl Arroyo, que tiene pronunciamiento vinculante de la Procuraduría General del Estado.

Escala dijo que su pedido está sustentado y basado en derecho.

En el debate, Coronel pidió que tome la palabra el procurador síndico, Francisco Mendoza, para que explique “si se actuaba en derecho” en relación al pedido de Escala.

Mendoza dijo que hay procesos penales que están en curso y que no existe una sentencia ejecutoriada con el debido juicio, pero sí medidas cautelares provisionales de prisión preventiva.

Con base en las garantías del debido proceso, expuso que ninguna persona puede ser tratada como responsable dentro de un proceso penal hasta que se demuestre lo contrario con una sentencia.

“Esto es consecuente a lo que establece el Cootad, dentro de las causales de remoción para el cargo de alcalde, entre las cuales se señalan dos que creo que son de la importancia de todos ustedes en este momento: primero, es una persona, la máxima autoridad del Municipio que se encuentra cursando un proceso penal, no tiene sentencia ejecutoriada, por lo tanto no se podría determinar la causal señalada en el artículo 333, numeral 1, del Cootad; y segundo, la ausencia del cargo del señor alcalde”, explicó.

El procurador dijo que el Concejo no puede declarar -mediante resolución directa- la causal de abandono del cargo ni disponer el cese de la autoridad sin haber sustanciado previamente el proceso de remoción previsto en el artículo 336 del Cootad.

En ese sentido, dijo que de un “plumazo” no se puede cesar de funciones a la máxima autoridad, se deben respetar las garantías del debido proceso. Apuntó que el Concejo no podría establecer si se configura una causal de remoción, porque no existe una denuncia o procedimiento correspondiente.

“Hasta que eso pase y, en base a que no se puede dejar en acefalía, mi recomendación es que se subrogue hasta que exista el procedimiento correspondiente y que se configure una de las causales de remoción...”, agregó y consideró que la solicitud de Escala era “válida”.

La objeción de Ana Chóez

En este punto, Ana Chóez, edila socialcristiana, dijo que le llamaba la atención la inclusión de este punto en el orden del día, puesto que la subrogación no se ratifica sino cuando existe una ausencia legítima configurada de manera certificada.

Expuso su preocupación jurídica y técnica, ya que, según ella, no puede existir subrogación sin ausencia jurídica válida y no puede presentarse una ausencia válida sin licencia o vacaciones legalmente otorgadas.

“De lo contrario, se estaría creando una autoridad de hecho; es decir, podríamos también estar violando el principio de legalidad del artículo 226 de la Constitución, el cual establece que las instituciones públicas y sus autoridades solo pueden ejercer competencias que están previstas en la Constitución y la ley. Si la ley exige licencia y vacaciones como causa legal de la ausencia”, explicó.

En ese sentido, ratificó que primero debe existir el acto habilitante para que luego comience la operación de la subrogación y advirtió que invertir el orden puede implicar actuar sin competencia, nulidad del acto, así como posible responsabilidad administrativa.

“No puede existir una subrogación preventiva”, insistió Chóez, quien anteriormente ha mostrado su posición a favor de otros dos pedidos de licencia para Aquiles Alvarez, previstos en la ley.

Sin embargo, ahora ella agregó que la ausencia debe ser formalizada, no se la puede presumir, y que debe ser documentada. Dijo que no se ha conocido sobre el ingreso de una nueva licencia y de uso de vacaciones.

Por esta situación, la edila advirtió que cualquier acto nuevo de pedido de licencia es “anticipado e ilegal” y podría conllevar un “riesgo de usurpación de funciones”.

En este escenario, Chóez dijo que se configuraría un incumplimiento de funciones por parte de Alvarez.

La edila García cuestionó el tiempo de subrogación y lamentó la actual situación que atraviesa Alvarez y el pleno del Concejo municipal.

El procurador síndico le respondió que el plazo deberá “durar lo que el procedimiento del Cootad para remoción del cargo tenga que durar”, sin especificar plazos.

Ratificó que no existe denuncia para ello. Cuando exista la remoción hasta ese momento durará la subrogación a la vicealcaldesa, dijo.

García recordó los tres pedidos de prisión preventiva y aquello complica los tiempos para que Alvarez pueda reintegrarse como primer personero municipal. Sobre ello, hizo un llamado para que presente su renuncia al cargo.

A su vez, Nelly Pullas, edila, expresó su preocupación por la legalidad que se vaya a presentar a futuro frente a decisiones que afectan el desarrollo de los ciudadanos. “Que más tarde haya alguna circunstancia que determine que lo que aquí se hizo es ilegal y con ello todas las decisiones que a futuro se tomen desde este Concejo Cantonal”, dijo.

En el desarrollo de la sesión, otros concejales, como Emily Vera, expusieron que se debe respetar la voluntad del pueblo que escogió a Alvarez en las urnas, así como actuar bajo el debido proceso.

Alfredo Bautista, edil, pidió que se suspenda la revisión del punto en la sesión para poder tener una mejor asesoría legal sobre la figura pedida. Caso contrario, dijo que decidiría abstenerse.

Chóez invitó a los ediles a conformar una mesa para abrir la evaluación técnica sobre incumplimiento de funciones dispuesta en el Cootad, y de ser el caso, decidir el mecanismo legal según lo que se verifique.(I)