Las fuertes lluvias registradas el lunes 23 de febrero provocaron el desbordamiento del río Milagro y anegaciones en distintos sectores del cantón del mismo nombre.
Para el martes 24, cerca del 70 % del territorio permanecía bajo el agua.
Ese mismo día se habilitó un albergue en la unidad educativa 17 de Septiembre, con capacidad para 350 personas, que hasta el miércoles acogía a 302 damnificados.
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Este jueves, el nivel del agua descendió al 50 %, aunque zonas como Nueva Unidad Oeste continúan gravemente afectadas, con sectores donde el agua alcanza hasta el pecho.
En este contexto, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, recorrió las áreas más impactadas y detalló el despliegue de asistencia humanitaria.
La Prefectura activó brigadas médicas, veterinarias y de fumigación en sectores como San Miguel y la ciudadela Unida, además de la entrega de más de 700 kits de ayuda, colchones y apoyo logístico mediante botes y una gabarra artesanal.
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También reconoció la complejidad de la situación y anunció la necesidad de realizar un estudio hidrológico integral en Milagro.
“Se ha limpiado el estero Berlín, se ha desazolvado el río Milagro y aun así seguimos inundándonos. Algo está pasando”, afirmó.
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La prefecta apuntó a problemas estructurales vinculados a actividades productivas y a la falta de control sobre canales de drenaje.
Indicó que algunas camaroneras y bananeras no cierran canales o alteran los sistemas naturales de drenaje, lo que agrava las inundaciones.
“No estoy en contra del trabajo ni del empleo, pero las actividades productivas deben hacerse con conciencia y pensando en los demás”, sostuvo.
Añadió que dispuso acciones desde el área ambiental de la Prefectura y que, en caso de no existir colaboración voluntaria, se iniciarán procesos legales.
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En medio de la emergencia, el alcalde de Milagro, Pedro Solines, señaló que uno de los factores que agravan la situación es la gran cantidad de asentamientos ilegales en zonas de riesgo.
Indicó que no los va a legalizar, “así tenga un costo político”, y estimó que existen cerca de 10.000 asentamientos en áreas vulnerables del cantón.
Por su parte, la prefecta del Guayas coincidió en que la ocupación irregular del territorio es un problema estructural, pero planteó un enfoque distinto.
Reconoció que se trata de zonas de invasión sin servicios básicos, sin alcantarillado ni redes de drenaje pluvial, pero subrayó que en estos sectores ya viven miles de personas desde hace años.
“No estoy a favor de las invasiones, pero la gente muchas veces llega por necesidad, porque no tiene dónde vivir o no puede pagar un arriendo. Si ya están ahí, hay que comenzar una expansión urbana con orden”, sostuvo.
Aguiñaga planteó que la solución pasa por una planificación integral que incluya la legalización progresiva de terrenos, la planificación de obras de saneamiento ambiental y una organización territorial que permita integrar a estas comunidades.
Según los reportes manejados por la Prefectura, más de 20.000 personas han sido afectadas en Milagro, en una provincia donde 19 de los 25 cantones se encuentran en situación de riesgo.
Respecto del embalse Daule-Peripa, informó que el nivel del agua continúa en aumento y que, de mantenerse las lluvias, en aproximadamente quince días podrían realizarse descargas controladas.
En ese sentido, pidió coordinación y avisos oportunos para prevenir nuevas emergencias en la cuenca baja del río Daule.
También anunció la activación del bono por pérdidas para pequeños productores, cuyo pago comenzará de forma inmediata para apoyar la recuperación de cultivos cuando el agua descienda.
La prefecta insistió en la necesidad de un trabajo articulado entre Gobierno nacional, prefecturas y municipios.
“No se trata solo de dragar ríos. Es crecer de forma organizada, recoger la basura, ampliar las redes de saneamiento ambiental y planificar de manera integral”, afirmó.
Añadió que la Prefectura planifica sus acciones en época de verano y activa los recursos en invierno, con maquinaria desplegada en toda la provincia y atención permanente a las emergencias.
Las autoridades insisten en que, más allá de la respuesta inmediata, la solución pasa por una planificación territorial responsable y un trabajo conjunto entre todas las instituciones. (I)
