Mediante un proceso ordinario y en una instrucción fiscal de 30 días, la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía llevará el proceso judicial por el delito de peculado contra Humberto B., Cristina G., Susana M. e Isabel V. La Fiscalía los acusa a todos de haber participado en la adquisición para el hospital del IESS Los Ceibos, en Guayaquil, de 4000 bolsas para cadáveres a un costo de $148 cada una, cuando en el mercado existirían precios establecidos menores, como $12 por cada bolsa de ese tipo.

Todos fueron detenidos durante un operativo, el lunes pasado, luego de que la Fiscalía solicitara, entre las 03:00 y 04:00, la realización de actos urgentes en Guayaquil, donde inicialmente se allanaron dos inmuebles. El día terminó con siete allanamientos: seis en Guayaquil y uno en Quito, y la incautación de cinco laptops, seis CPU, cinco memorias USB, una caja fuerte, $7675, documentos y otros elementos.

La audiencia de formulación de cargos, que concluyó poco antes de las 02:00 de ayer, se dio contra las cuatro personas que mantenían una orden judicial de detención y entre las que estaban, según el secretario Anticorrupción, José De la Gasca, el representante legal de la empresa Silverti, la gerenta del hospital Los Ceibos, y dos personas relacionadas con los departamentos Financiero y de Compras de la casa de salud. Otras doce personas fueron retenidas e investigadas.

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Fiscalía aseguró en la audiencia, según el extracto de la diligencia realizada ante un juez de garantías penales del Guayas, que no solo existió el sobreprecio en la adquisición de bolsas para cadáveres, sino que el proceso de contratación se habría realizado sin los estudios respectivos. Además, explicó que, por versiones libres y voluntarias de dos de los ahora procesados, no se enviaron invitaciones para concursar a otras empresas que distribuyen materiales médicos.

En un documento del Sistema de Contratación Pública se da cuenta de que el bien descrito como bolsa para embalaje de cadáver adulto tiene un precio unitario de $148,50. Por 4000 unidades el precio alcanzaba los $594 000.

La descripción del proceso de adjudicación está descrito como ‘Adquisición de insumos de enfermería para abastecimiento en emergencia COVID-19’ y el contrato total del proceso, que incluye insumos como mascarillas quirúrgicas, mascarillas N95 y guantes de nitrilo suma $872 000.

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Pese a que Fiscalía señala a Humberto B. como beneficiario de una cuenta relacionada con Silverti, empresa a la que se adjudicó la compra, Édgar Molina, abogado de Silverti, afirma que el procesado no es, ni ha sido representante, administrador, gerente o accionista de Silverti, sino es el cónyuge de la representante legal. Por ello dice no entender el nexo de la detención y procesamiento.

En cuanto al contrato, Molina cree que hay una “tergiversación” de la información, pues desde la denuncia y los denunciantes se habla de que por cada bolsa se ha pagado $148, cuando lo que se pagó fue por un pack con dos bolsas para cadáveres. “De eso no se dan cuenta y la premura de iniciar acciones legales no les permite darse cuenta y no realizar ni siquiera una investigación un poco más prolija”.

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Molina está seguro de que cuando se realice la inspección ocular se confirmará que se entregaron ya 8000 bolsas, que son parte de 4000 packs. Respecto al costo, el abogado explicó que ellos adquirieron a proveedores nacionales la mercadería a $64 y $66, y aunque reconoce que en tiendas como Amazon pueden costar más barato, agrega que otra cosa sería importar y a qué costos durante esta pandemia.

La resolución de prohibir la enajenación de bienes y el bloqueo de cuentas también alcanzó a la empresa Silverti. Ese hecho tampoco es entendido por Molina, más aún cuando la persona jurídica, la empresa, no es parte del proceso. La defensa de la compañía analiza acciones judiciales, entre ellas, la presentación de un habeas corpus contra la orden con fines investigativos que pesa sobre la gerenta general de Silverti.

Horas después de la audiencia, el secretario nacional Anticorrupción de la Presidencia explicó que en el proceso de contratación que se investiga para la adquisición de bolsas de cadáveres no se habría alcanzado a dar una erogación de recursos. “A pesar de que hubo ya la adjudicación, la contratación irregular de este proveedor, sin estudios de mercado y evidente sobreprecio, no afectó el bolsillo de los ecuatorianos”.

Pero Molina confirmó que ya entregaron las 8000 bolsas y que continúan entregando los demás ítems del contrato. También refirió que ya se les habría pagado una parte el jueves, por el producto entregado, pero por las retenciones de cuentas no han recibido dinero.

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Todos los procesados anunciaron que apelarán la prisión preventiva. (I)