Unos 60.000 estudiantes volverían a las escuelas comunitarias, según estimaciones del Gobierno tras el anuncio de que en 2019 se reabrirán 1.000 establecimientos.

Francisco Cevallos, viceministro de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, sostuvo que unas 6.000 escuelas se cerraron en el régimen anterior, en su mayoría, en la Sierra central. Estas pasaron de 18.558 a 12.333. El funcionario señaló que están tomando esas 6.000 escuelas y las están validando en territorio.

El que se reabran las escuelas depende de 4 criterios: validación, elegibilidad, implementación y seguimiento.

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Uno de los aspectos a tomar en cuenta es que se reabrirán solo si es que hay un acuerdo con la comunidad. Cevallos desestimó que esas unidades educativas serán pobres y sin recursos. Se tomará en cuenta –señaló– aspectos como que haya mayor pobreza, índices de aprendizajes más bajos o falencias en calidad de los maestros. Además de una redistribución de los docentes.

En temas de infraestructura, Cevallos mencionó que habrá instalaciones hidrosanitarias de calidad a fin de evitar enfermedades, techos, instalaciones eléctricas para conectividad y espacio recreativo.

Se estima que unos 1.500 docentes serán redistribuidos y podría haber nuevas contrataciones de profesores.

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El Ministerio de Educación tiene un plan inmediato para reabrir alrededor de 50 instituciones educativas, en los dos primeros meses.

“Este es un proceso que nos lleva al menos dos o tres meses de contratación hasta poder adjudicar. El grueso de la reapertura tendríamos por un lado para la Costa, para el primer quimestre. No necesariamente arrancamos en abril el inicio con las nuevas reaperturas, sí con este plan emergente (...). Y en el caso de la Sierra, iniciamos el siguiente año lectivo, que es en septiembre”, dijo Cevallos.

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En los próximos días se definirá con exactitud cuántas escuelas se van a reabrir, cuántos grados, cuántos docentes, así como en qué lugares estaría cada una de estas.

El Gobierno destinará $ 70 millones para reabrir las escuelas que provienen de recursos del propio Ministerio de Educación. Cevallos mencionó que es un cálculo inicial. Ese monto tiene que ver con docentes, infraestructura, material, equipamiento, capacitación al profesor. Agregó que están conversando, por ejemplo, con el Banco del Estado, con gobiernos autónomos descentralizados (GAD), así como con organismos internacionales, a fin de saber si podrían apoyar en esa iniciativa gubernamental.

Mencionó que las escuelas del milenio se mantienen y serán repotenciadas posiblemente con el bachillerato técnico. En total son 100 escuelas que agrupan al 3% de la población escolar que es cerca de 3’400.000 estudiantes.

Estudio en escuelas

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Dos investigaciones concluyen que hubo efectos negativos en comunidades indígenas con el cierre de las escuelas comunitarias durante el Gobierno anterior dentro del denominado Plan de Reordenamiento Territorial de la Oferta Educativa del 2013.

El Contrato Social por la Educación y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), junto con la Ecuarunari con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), hicieron investigaciones que respaldan además la decisión gubernamental de reabrir esas unidades educativas.

Las conclusiones del estudio del cierre de las escuelas tuvo cuatro parámetros: acceso y permanencia, economía familiar, modelo educativo, calidad de la educación y ambiente escolar.

Investigaciones previas

Comunidades indígenas

Cantones: La primera organización hizo una investigación entre 2015 y 2017 en los cantones de Latacunga y Pujilí (Cotopaxi) y Colta, Chunchi y Guamote (Chimborazo).

Traslados: Según la investigación, el 42% de familias entrevistadas indicó que sus hijos se tardan hasta más de dos horas en llegar a la escuela; casi el 90% dijo que el cambio significa más gastos mensuales de $ 30 a $ 100.

Cierre: Cecilia Viteri, coordinadora del Contrato Social por la Educación, señaló que ese programa anterior buscaba cerrar 13.834 escuelas comunitarias y pasar de 19.023 a 5.189 hasta 2017. (I)