La entrevista de un periodista de este Diario con el presidente de la Corte Provincial del Guayas, Gabriel Manzur Albuja, fluyó normal. El tema: la atención que dan las unidades judiciales a las denuncias de violencia intrafamiliar. Él habló de la diferencia entre contravención y delito, de cifras de causas ingresadas y atendidas, de ofrecimientos de mejorar los procesos para que las víctimas no queden desatendidas, etc.

Recién a los 27 minutos, ya al final de ese diálogo, surgió una pista sobre lo que realmente pasa en este tema, del que cientos de mujeres y otro tipo de víctimas dice sentirse en indefensión, que están defraudadas porque no se les hace justicia. En dos reportajes, el domingo y lunes pasados, este Diario reflejó esa realidad.

Fue María José Dávila, de la Unidad de Gestión Procesal, también presente en la cita junto a otros dos funcionarios, quien respondió a una interrogante hecha por este Diario sobre por qué hay quejas si, según las cifras, de 11.080 causas ingresadas en el 2018 en Guayaquil, 10.871 se resolvieron. ¿Acaso se archivan?

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“Lo que pasa es que las víctimas no dieron apoyo, no mantuvieron la demanda. Entonces se archiva, porque no continuó la causa. La misma víctima puede decir que puso la denuncia para asustarlo y ya”, refirió la funcionaria.

¿Tienen cifras?, ¿se puede demostrar eso? Hubo una respuesta afirmativa general: Habría que buscar. Iván Ojeda, coordinador de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial de la Corte se puso, al mediodía del lunes, a procesar datos, incluso pedir cifras a Quito.

Así, a las 16:00 del lunes 4 de febrero se revelaban a este Diario esas cifras. Y asustan: en el 2018, en las unidades Florida Norte y Valdivia Sur se tramitaron 9.915 denuncias. De estas, 874, un 8,81%, llegaron a una sentencia, la mitad de ellas, absolviendo al acusado.

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Las cifras más preocupantes son dos: 4.387 denuncias, el 44,25% prescribieron; y 4.167, un 42,03%, fueron dejadas a un lado por inhibición, es decir, el juez se niega a conocer porque es un delito u otras razones. Entre ambas suman 86,28%, lo que, aproximando, significa que 9 de cada 10 denuncias prescriben o se dejan de lado.

Los casos por violencia intrafamiliar corresponden cuando, por ejemplo, una persona, por lo general un hombre, golpea a otra y le provoca lesiones que signifique reposo de hasta tres días. Entran allí los malos tratos, amenazas y otras formas de violencia ejercida por quien tiene poder, como la pareja, tíos, suegros, padrastros. Si hay una denuncia y no concluye el proceso, este prescribe al año.

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Según especialistas citados en reportajes de este Diario, de aquí nace la violencia mayor y, sobre todo, los femicidios.

Manzur y Davila aseguran que la mujer, o la víctima en general, solo busca una boleta de auxilio y no regresa a la unidad judicial. O cuando llega la audiencia, no acude porque el demandado la amenaza o le promete cambiar de actitud.

No obstante, víctimas como Karla, Alexandra, Milena o Cecibel, cuyos casos los reflejamos en este Diario, relataron lo tortuoso que es buscar justicia. Karla, por ejemplo, fue golpeada y amenazada de muerte por su expareja para obligarle que aborte al hijo de ambos. Luego de análisis psicológicos que demostraban que el demandado tenía problemas y de meses de litigio, ella perdió el juicio. Luego, él la demandó por regulación de tenencia, ganó el caso y ahora ella se esconde.

Las cifras del 2017 tampoco varían. Ese año, en las unidades judiciales norte y sur de Guayaquil se gestionaron 12.395 denuncias de violencia intrafamiliar, de las que solo 906 llegaron a una sentencia, o sea el 7,31%. Ese año, 4.303 casos (34,72%) prescribieron y 6.886 (55,55%) tuvieron inhibición. 

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Algunas cifras

14.705 causas por violencia intrafamiliar ingresaron en las dos unidades judiciales de Guayaquil en el 2017.

14.012 de esas causas fueron resueltas, según estadísticas del Consejo de la Judicatura.

11.080 causas por ese tipo de violencia ingresaron a las dos unidades judiciales de Guayaquil en el 2018.

10.871 de esos casos del 2018 fueron resueltos, detalla el Consejo de la Judicatura.

7.091 denuncias de las 11.080 tratadas en las unidades en el 2018 son por violencia contra la mujer.

19 jueces operan en las unidades judiciales Florida Norte (10) y Valdivia Sur (9) en Guayaquil.

‘Estamos luchando y tratando de que todos los procedimientos se cumplan’

Gabriel Manzur, presidente de la Corte Provincial del Guayas, cita una resolución del 2018 del Consejo de la Judicatura como el arma para mejorar los procesos en los casos de violencia intrafamiliar, sobre los que hay quejas en Guayaquil y otras partes del país, acerca de la tardanza en los procesos y hasta por el hecho de que la víctima debe llevar a la Policía la citación para el agresor.

“Lamentablemente si eso está sucediendo, es un mal procedimiento de los funcionarios y debemos tomar los correctivos del caso”, ofreció.

Indicó: “Se ha dictado la resolución 109A del 2018, en el artículo 6 dice que el tiempo máximo de entrega de las medidas de protección y la entrega de las medidas inmediatas de protección a las víctimas de violencia contra la mujer es de dos horas desde que se realiza el sorteo. Si no se cumple, será infracción disciplinaria. Es necesario que la ciudadanía sepa que estamos luchando y tratando de que todos los procedimientos se cumplan y se hagan conforme a la ley, para bienestar de los ciudadanos y evitar estos problemas de pasar este viacrucis”.

Manzur insiste en que hay que diferenciar entre los delitos contra la mujer y las contravenciones. La contravención está en el artículo 156 del COIP (Código Integral Penal), cuando hiera, golpee a la mujer con una incapacidad de tres días, las penas van de 7 a 30 días. Si es mayor la incapacidad, es delito. Se sanciona con el artículo 156 y las penas llegan a años, según la gravedad.

Sobre las quejas de las víctimas de que no habría el suficiente número de jueces, el presidente de la Corte considera que no es así. “Estamos dentro de los parámetros de jueces versus población. Estamos hablando de 64 casos mensuales (si se analiza, por ejemplo, la Unidad Judicial Florida Norte), y está en un nivel normal si se toma en cuenta que en la Sala Penal de la Corte Provincial se deben resolver de 15 a 18 casos al mes, por ejemplo”.

Llama a la ciudadanía a denunciar, tanto por falta de justicia, como al agresor. “Si no se cumple, que nos den la información para tomar los correctivos del caso. Las personas agredidas o víctimas siempre deben presentar la denuncia. Y en el evento de que los funcionarios judiciales no brinden los servicios necesarios, que denuncien”, señala. (I)