Después de haber puesto en evidencia a uno de sus estudiantes que vendía drogas al interior del plantel, José (nombre protegido), docente fiscal, fue intimidado por el alumno y su círculo de compañeros y familiares en dos ocasiones.

Al día siguiente de la intervención del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) y la Policía, que terminó en el decomiso de sobres con droga H que portaba el joven, la casa del maestro fue apedreada. Ocurrió en octubre pasado.

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El profesor narra que de ello informó a las autoridades del establecimiento, por escrito, pero nadie atendió su caso, asegura. Por ello, optó por cambiarse de casa y denunciar al grupo de alumnos, que él identificó como sus agresores, ante la Fiscalía.

“No siguieron (autoridades) el proceso en el colegio, omisión de la máxima autoridad de la institución, muy permisiva. (‘Decía) Que después el colegio se denigra, que viene la prensa, que me llama la atención el distrito”, cuenta el maestro, con relación a la postura asumida por los directivos.

Llevó esa denuncia al distrito al que pertenece el plantel, ubicado en un populoso sector del noroeste de la ciudad, y pidió el traslado a otra institución educativa, pues las amenazas del estudiante hacia él no cesaban.

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El de José es un ejemplo de la violencia escolar en el sistema público que no solo se registra entre pares (alumnos) sino también de estos hacia los maestros, algunos de los cuales dicen sentirse en desventaja por considerar muy permisiva la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

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La violencia entre alumnos causó la muerte de una niña hace más de dos semanas y generó un debate sobre si los profesores cumplían con su responsabilidad de cuidar y educar a sus alumnos. Pero la situación es más difícil y hasta los docentes son también víctimas de los estudiantes.

Según la Subsecretaría de Educación de la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), entre el periodo 2017 y lo que va de este, cuatro profesores han pedido el traslado a otros planteles por haber sido intimidados por alumnos. Esos casos llegaron a la Fiscalía.

De su experiencia, José dice tener desazón, no solo porque al estudiante implicado no se le aplicó sanción alguna, sino porque en el distrito le indicaron que por recurrir a la Fiscalía pudo ser destituido del magisterio, aduciendo que él no había informado primero al rector del colegio.

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En diciembre pasado, relata el maestro, fue intimidado nuevamente. Esta vez por cinco hombres armados y en moto, entre ellos el hermano del alumno al que le decomisaron la droga, pero la comunidad lo auxilió y salió ileso.

El traslado, a su juicio, tomó mucho tiempo, se concretó en este periodo escolar. Su lectura: “Los señores (estudiantes) sí tienen derecho. ¿Y los derechos de los docentes?”.

Erika Lainez, subsecretaria de Educación de la zona 8, refiere que según la complejidad hay asuntos disciplinarios que pueden ser tratados al interior de los planteles con los DECE, o en los distritos, a través de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos (JDRC).

“Las instituciones educativas deben ampararse mucho en el marco legal, no solamente en el reglamento sino también en la Ley (Orgánica de Educación Intercultural LOEI). Ahí constan todos los derechos, todas las obligaciones”, expresa Lainez.

Emma Marún, exdirectora provincial del Guayas, sostiene que la LOEI establece limitaciones que han llevado a los maestros a perder la autoridad en el aula de clases. A ello, afirma, se suma la pérdida de valores que el estudiante debe recibir en casa, con la familia.

Ambos factores, menciona, inciden en la violencia escolar, problemática que entre alumnos registra 792 casos denunciados en la Fiscalía entre el 2017 y lo que va de 2018, según la Subsecretaría de Educación.

Mientras, el acoso escolar o conocido también como bullying contabiliza 175 casos en ese mismo lapso. (I)

792
Casos de violencia entre pares se han denunciado en la Fiscalía entre el periodo 2017 y lo que va del 2018.

175
Situaciones de acoso escolar o bullying registra la Subsecretaría de Educación de la zona 8 en el mismo lapso.

Violencia verbal
Olga, (nombre protegido) educadora fiscal, dice haber sido agredida verbalmente por una madre de familia mientras en el colegio donde dicta clases se cumplían las olimpiadas. Los equipos que se habían mandado a confeccionar para los niños de su grado llegaron incompletos y la madre la responsabilizaba de aquello en público. Luego de aquello fue objeto de burla de los alumnos y por ello denunció el caso en la Fiscalía. (I)

Mediante todo este tipo de capacitaciones que nosotros hacemos a nuestros estudiantes empezamos a promover toda esta cultura de respeto y de valores que no se deben perder en nuestros estudiantes ”.Erika Lainez, Subsecretaria de Educación