Los propietarios de animales en Virginia podrían enfrentar consecuencias legales severas bajo una nueva ley. El Senado estatal autorizó un proyecto que busca redefinir el estatus de perros y gatos, elevando las penas por crueldad a niveles históricos.

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La medida busca garantizar que los animales domésticos sean tratados legalmente como miembros de la familia. Ahora, el texto pasará a la Cámara de Delegados para su aprobación final, endureciendo el castigo por heridas maliciosas.

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¿En qué consiste la nueva ley de protección de mascotas de Virginia?

La legislación clasifica el asesinato o la herida intencional de un perro o gato como un delito grave de clase seis. Esto significa que los culpables no solo enfrentarán multas de hasta 2.500 dólares, sino que arriesgan una pena de prisión de cinco años, indica The Sun.

La reforma recibió un impulso tras el caso de un hombre que asesinó brutalmente a dos perros. Foto: Freepik.

El senador Bill Stanley impulsó esta reforma tras un caso impactante en el que un hombre disparó a dos labradores en la nuca. Aunque fue condenado inicialmente, un tribunal de apelaciones anuló la sentencia porque no se probó que los perros “sufrieran” antes de morir, un vacío legal técnico que esta ley cierra.

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La postura ha sido aplaudida por defensores de los animales como Jennifer Foley, del Centro de Adopción Planned Pethood. “Las mascotas son familia”, aseguró, destacando que si existen sentencias duras para crímenes contra personas, es el momento de que los animales también tengan su propia voz ante la justicia.

Incluso tipifica el abandono como delito menor. Foto: Ronald Cedeño  Foto: Ronald cedeño

El documento distingue la gravedad de los actos. Mientras que el maltrato, la tortura o el abandono se tipifican como delitos menores de clase uno, la ley eleva la infracción a delito grave si la acto resulta en la muerte del animal, asegurando que el castigo sea proporcional al daño irreversible.

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Asimismo, la normativa incluye excepciones para no afectar la vida rural: no prohíben actividades autorizadas de gestión de vida silvestre, como la caza, la pesca o el trampeo, ni tampoco impiden prácticas ganaderas habituales, como el descornado de reses, siempre que se realicen de forma razonable.

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