A Sebastián Palacios se le multiplican los problemas. El ministro del Deporte tiene ahora uno con la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP), que le reclama por un “recorte discrecional” de su presupuesto que “afecta” a sus deportistas, a sus proyectos y a exempleados jubilados.

“No aceptamos la pretendida reducción y exigimos enfáticamente la inmediata reposición de los recursos que le pertenecen al deporte de Pichincha. Le solicito derogar o reformar los acuerdos ministeriales que han servido para fundamentar sus decisiones, todas ellas lesivas a los intereses de nuestra organización y de los deportistas pichinchanos”, le dice en una carta a Palacios el presidente de la CDP, economista Jaime Ruiz Nicolalde.

Ya está el Plan de Alto Rendimiento, ¿y la Ley del Deporte?

Agrega Ruiz en la misiva: “Como consecuencia de su accionar discrecional, Pichincha ha sido perjudicada con un recorte presupuestario significativo, el cual compromete gravemente la ejecución de importantes proyectos y la debida atención de nuestros deportistas. Argumentar que vuestra decisión se basó en los recursos no ejecutados durante el ejercicio anterior, resulta inaceptable, pues ello fue responsabilidad exclusiva de esa cartera de Estado, por su falta de aprobación previa para ejecutarlos”.

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El directivo refiere como “prueba de lo señalado” que el “dinero asignado para la compra del autobús para traslados de nuestros deportistas, que asciende a $ 80.000, no contó con la certificación presupuestaria que su ministerio debía emitir en el 2020. Y solo la otorgó cuando el año estaba terminando, lo que hizo imposible seguir el proceso correspondiente”.

‘Responsabilidad de su ministerio’

En otra parte de la carta de la Concentración Deportiva de Pichincha, con fecha del pasado viernes 4 de febrero, Ruiz le dice al ministros Palacios: “Pedo señalar el proceso de compra de los implementos deportivos que asciende a un monto mayor a los $ 170.000, en el cual se cumplió con los tiempos y plazos establecidos en la normativa sobre contratación pública nacional; sin embargo, el proveedor sigue esperando únicamente que se certifique la disponibilidad presupuestaria. Por tanto, la no realización de esa compra sigue siendo responsabilidad exclusiva de su ministerio, y no de nuestra entidad”.

Ruiz dice que la reducción afecta “también las jubilaciones adeudadas, después de que el Estado asumiera el gasto administrativo y fueran pagadas puntualmente del 2010 al 2018, las que para el 2019 se aceptó incluirlas dentro del presupuesto. En nuestras varias reuniones, usted se ratificó en el compromiso asumido; sin embargo, sigue sin hacerse cargo de esos montos que hoy representan un alto nivel de endeudamiento”. (D)