En la edición del viernes pasado Diario EL UNIVERSO nos recordó a sus lectores que “el Príncipe de las Tinieblas está de cumpleaños; hace 90 años clavó por primera vez los colmillos en el cuello de alguien”. Y continuó: “En febrero de 1931, Estudios Universal, productora dedicada a realizar filmes de terror, estrenó en el Roxy Theather de Nueva York Drácula, una cinta dirigida por Tod Browning que se convertiría en mítica en la historia del género de terror y del cine”.

Al leer la interesante nota recordé que nuestro “príncipe de las tinieblas”, hace diez años y un poco más, clavó los colmillos en el deporte nacional y lo convirtió en instrumento de sus deseos de controlar todos los segmentos de la vida en sociedad y en peón de su política. Para ello se sirvió de sus títeres en la Asamblea Nacional, y luego, aprobada la ley, ordenó a sus verdugos ministeriales descabezar a 41 federaciones ecuatorianas, obligar a renunciar a los miembros del Comité Olímpico y nombrar a un grupo de serviciales en todos los organismos deportivos en cuyas asambleas predominaban empleados públicos.

Toda esa abominable historia que ha derivado en la muerte del deporte en algunas provincias –Guayas, entre ellas– y en la destrucción de muchos escenarios deportivos podría terminar si en la Asamblea Nacional se aprueba una nueva ley que desterraría el aprovechamiento político de las entidades deportivas y daría luz a un futuro promisor del deporte nacional. Es indispensable que los asambleístas recuerden la importancia que el deporte tiene en la salud cívica, física y moral de la población.

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Se necesita una ley que destierre la influencia malsana que se impuso en la ley actual, que destruyó la autonomía, los recursos y la institucionalidad del deporte ecuatoriano y reemplazó a los dirigentes experimentados por servidores incondicionales de un partido. Si hay que ejemplarizar la influencia nefasta de la ley vigente basta solo mencionar a la llamada ‘Nueva Era’, impuesta en la Federación Deportiva del Guayas por Pierina Correa y su grupo, que terminó con una intervención de casi un año y la destitución de los dirigentes, pero de cuyos resultados no se conoce nada.

En la Asamblea cursa un proyecto que está siendo debatido por la Comisión de Derecho a la Salud y el Deporte, cuya apertura a los actores del deporte hay que resaltar. Tal proyecto no es perfecto, más bien tiene muchos aspectos controversiales fáciles de detectar a su simple lectura. El primer obstáculo que hallamos es el excesivo carácter represivo de las normas respecto de la intervención gubernamental, las que lesionan la autonomía consagrada por el propio proyecto y por la Constitución.

Las disposiciones respecto de la autoridad gubernamental para disolver un organismo deportivo pueden dar paso al abuso en la interpretación de las situaciones graves e irreparables (nadie responde por la destrucción de los escenarios en Fedeguayas y de la piscina del Centro Cívico) y de los simples errores administrativos.

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En otra parte del proyecto se trata de la integración de las federaciones ecuatorianas por deporte, a las que se debe incorporar a las asociaciones provinciales por deporte de Alto Rendimiento. Las asociaciones del deporte formativo deben permanecer en el seno de las federaciones provinciales.

Es indispensable que los asambleístas recuerden la importancia que el deporte tiene en la salud cívica, física y moral de la población.

Ricardo Vasconcellos Rosado

El proyecto debe puntualizar lo relativo a los clubes de Alto Rendimiento, muy desnaturalizado en la ley actual. Conozco el caso de una federación ecuatoriana cuyo directorio fue elegido con la participación de cinco clubes, tres de los cuales no tenían ningún deportista de alto rendimiento, y, lo que es más, no tenían actividad en su deporte desde años atrás. El proyecto debe definir la naturaleza jurídica de las federaciones ecuatorianas por deporte y garantizar su autonomía técnica, administrativa y financiera.

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En el proyecto de ley que se debate actualmente existe un vacío notable e inexplicable. Las disposiciones respecto de la naturaleza e integración del COE son vagas y sin sentido, cuando se trata del organismo más importante del sistema deportivo nacional. Debe prohibirse de manera expresa que empleados públicos designados por el Gobierno formen parte de sus directivas.

Observaciones de actores deportivos, contadas

La afortunada intención de los miembros de la Comisión que trata el proyecto de ponerlo al alcance de los actores deportivos (contrasta con el secreto con que se tramitó la ley actual) ha servido para que el presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis y expresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano haga llegar una extensa carta a los asambleístas en la que, con la versación de su larga experiencia, se ha referido a los defectos y vacíos del proyecto que se debate.

En una de sus partes, al referirse al financiamiento del deporte nacional, Danilo Carrera expresa: “En mi intervención de ayer ante la Asamblea Nacional me referí a la inequitativa distribución que el Estado hace de sus recursos entre el deporte formativo y el alto rendimiento, y puse como ejemplo la hecha por la Secretaría del Deporte en 2018, cuando al deporte formativo se le entregó el 84 % y alto rendimiento el 16 %. Y, lo que es más, el total recibido por todas las federaciones ecuatorianas por deporte fue mucho menos que el gran total recibido por Fedeguayas o por la Concentración Deportiva de Pichincha. Ya es hora de que las instancias gubernamentales cumplan la normativa constitucional y corrijan esa distribución inequitativa, pero no a costa de reducirle los recursos al deporte formativo, sino de incrementar los que le corresponden al alto rendimiento”.

Sigue: “Nuestros mejores deportistas requieren apoyo económico para su preparación y participaciones internacionales, pues sus logros nos llenan de orgullo y reafirman nuestra identidad. Es penoso reconocer que muchos de esos logros se consiguen en virtud de su coraje y amor a la patria, venciendo la adversidad y la falta de recursos, incluso la desidia de algunas autoridades. Esa triste historia debe terminar, por el bien de nuestros deportistas y del deporte ecuatoriano. Ello solo depende de que el Estado cumpla sus obligaciones constitucionales”.

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La defensa del Juego Limpio y la lucha contra el dopaje forman parte también del alegato de Danilo Carrera, lo cual ha sido respaldado por el mayor experto en estos temas, Tyrone Flores Pavón, médico, presidente de la Organización Nacional Antidopaje de Ecuador, quien compareció ante la Asamblea y entregó un informe que contiene las normas a incluirse en la nueva ley.

Tal proyecto no es perfecto, más bien tiene muchos aspectos controversiales fáciles de detectar a su simple lectura.

Ricardo Vasconcellos Rosado

Los organismos y dirigentes involucrados en el deporte tienen la obligación de hacer oír su voz respecto del proyecto que se trata en la Asamblea. Al momento, aparte de la Federación Ecuatoriana de Tenis y la de Triatlón que preside Julio Ramírez, las demás federaciones ecuatorianas han mantenido silencio. Sus dirigentes parecen estar cómodos con la actual ley o simplemente no les importa el futuro. De las federaciones provinciales solo Concentración Deportiva de Pichincha se ha hecho presente en la Asamblea. La Federación Deportiva del Guayas, la más perjudicada por la politización consagrada en la normativa vigente, ha guardado silencio.

La nueva ley debe salir de la actual Asamblea. Postergar su tratamiento y aprobación para el nuevo periodo legislativo es un grave peligro. La situación política actual podría conducir a que la ‘Nueva Era’, con su secuela de destrucción, se propague al país entero. Ustedes saben por qué lo digo. (O)