Barcelona SC: un proceso electoral empañado

Es imposible desconocer la importancia que tienen las medidas cautelares, cuyo objetivo principal es evitar o cesar las amenazas o violaciones de los derechos reconocidos en la Constitución.Lo que llama la atención es que en los procesos electorales de los dos equipos del Astillero sobresalieran estos recursos por la abundancia de su uso y porque muchos de ellos no reunían los requisitos para ser concedidos. Causaron dilaciones en los plazos determinados para los comicios.Cuando pensábamos que las elecciones en Barcelona SC iban a estar revestidas de solemnidad en un proceso limpio y autónomo, fueron afectadas por la intromisión de la justicia y de instituciones del Estado que han intentado —por su poder e influencias propias y ajenas— modificar las decisiones del máximo organismo de un club privado, como es la Asamblea General de Socios, y del Tribunal Electoral.Hay que recordar que el tiempo electoral estuvo plagado de incidentes judiciales causados por varios actores, como José Francisco Cevallos, quien con una acción de protección concedida por un juez logró que las elecciones se atrasaran dos meses.Luego llegó la inadmisión de la lista de Rafael Verduga por parte del Tribunal Electoral y la negativa al recurso de apelación propuesto por el candidato afectado. Vino una secuencia de más de seis acciones cautelares interpuestas por personas que intentaban defender los derechos de Verduga, siendo todas negadas. Fue ahí cuando Verduga declaró que sentía frustración y calificó el proceso electoral de politizado y manoseado.Fue tal el desconcierto en temas legales que atestiguamos cómo el Tribunal Electoral del club transfirió su responsabilidad al ministro del Deporte de ese entonces, Sebastián Palacios, para que aclarara los impedimentos de reelección y la supuesta ambigüedad de la ley y su reglamento. El ministro, lavándose las manos, embarcó al procurador de la nación para que se pronunciara sobre el principio de jerarquía entre la ley y el reglamento.El 7 de noviembre de 2023, el Tribunal Electoral de Barcelona admitió la que encabezaba Antonio Alvarez como única lista legalmente habilitada e inscrita. De acuerdo con los estatutos vigentes, el artículo 83 dispone que, si solo se presentare o quedare una única lista candidata, el Tribunal Electoral, una vez culminado el plazo para la inscripción de postulantes, debe declararla ganadora, dando por finalizado el proceso electoral y proclamar a las nuevas autoridades del club. Confiados, los nuevos dignatarios toreros procedieron a registrar al directorio en el Ministerio del Deporte. Y llegó la nueva sorpresa: no sería inscrita hasta que se subsanaran ocho observaciones, devolviendo el expediente y otorgándoles a los peticionarios diez días para que las solucionaran.Mientras decurrían estos diez días sucedió un evento coyuntural. La Federación Ecuatoriana de Fútbol hizo memoria y recordó que la Constitución de la República reconoce autonomía de las organizaciones deportivas. El artículo 63 de la Ley del Deporte expresamente establece que el fútbol profesional se organizará a través de la FEF y se regirá de acuerdo con su estatuto legalmente aprobado y reglamentos que esta dictare en el marco de la normatividad internacional de FIFA y de Conmebol. Con base en estas atribuciones, la FEF expidió el reglamento para el acompañamiento en procesos electorales y regularización de clubes dedicados a la práctica del balompié profesionalEl artículo 8 dice: “Una vez finalizado el proceso de acompañamiento y supervisión sobre el proceso electoral del club afiliado a la FEF, la dirección de Asesoría Jurídica presentará un informe como lo determina el artículo 2 del Acuerdo Ministerial 0250. Informe que es requisito para el registro del nuevo órgano directivo del club”. Este simple reglamento le recordó a la FEF hacer respetar la soberanía y autonomía del fútbol profesional. Esta ordenanza habría evitado muchos de los incidentes de los últimos procesos electorales.La novela por la presidencia de Barcelona no terminó como lo anunciaban los miembros de la lista de Alvarez, quienes alegaban que todas las observaciones se iban a subsanar. Creíamos que la estabilidad dirigencial estaba por darse, pero unas horas antes del pronunciamiento definitivo del Ministerio del Deporte sorprendió que Carlos Nahón Mancheno, socio identificado a favor de la lista de Alvarez, solicitó medidas cautelares con el fin de evitar una eventual vulneración al derecho.El juez admitió la medida cautelar y dispuso de manera inmediata que: 1) El Ministerio del Deporte se abstenga de emitir una respuesta al proceso de inscripción del directorio de Barcelona SC; y 2) Proceda a la inscripción en los registros del ministerio al directorio presidido por Antonio Alvarez, hasta que la acción de protección sea resuelta en los próximos días. Y si algo más complejo faltaba en esta encrucijada, hubo acusaciones de Raúl Chávez, vicepresidente administrativo canario, quien en rueda de prensa hizo denuncias.Dijo que “un funcionario del Ministerio del Deporte, en vísperas de fin de año, quiso comunicarse con los jurisconsultos de Barcelona para presionar y así sacar una resolución favorable, hecho que sucedió el viernes 29 de diciembre, a las 23:30. Lo vergonzoso es que el director de Asuntos Deportivos del ministerio, Julio Escobar Cárdenas, se comunicó con uno de los abogados de Barcelona SC en estado etílico. Dijo incoherencias (grabaciones que existen) y amenazó con no inscribir la lista porque con quien debían arreglar el registro era con él, porque el ministro Andrés Guschmer hace lo que él diga”.Según la versión del dirigente, Guschmer escuchó los audios y el martes 2 de enero dispuso que se removiera a Julio Escobar. Con estos antecedentes, la medida cautelar se justificaba porque ya no existían las garantías y era evidente que en el interior del Ministerio del Deporte existía un direccionamiento político en contra de los intereses de la lista de Alvarez. Hasta aquí la crónica de la turbulencia exhibida públicamente del proceso electoral torero. Uno de los capítulos más vergonzosos es el de la denuncia del dirigente Raúl Chávez.Estaremos atentos a las aclaraciones y explicaciones del Ministerio del Deporte. Quienes hacemos opinión pública expresamos nuestra profunda preocupación por las crisis que atraviesan los procesos electorales del balompié nacional, que se resuelven en otros espacios, alejados de la buena práctica apegada al derecho.

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