El ministro de Inmigración de Australia ha vuelto a cancelar el visado de Novak Djokovic. Era lo esperado. Después de toda una semana con la decisión en vilo, Alex Hawke ha hecho efectivo este viernes el poder de veto que le otorga su cargo para deportar al número uno del tenis, a solo tres días del comienzo del Grand Slam. Habría sido mejor para el torneo que el anuncio hubiera sido antes, pero el Gobierno del país vela por intereses que están por encima de una competición.

La resolución, que alega “motivos de salud y buen orden”, se acopla al sentir popular de la nación aussie. Estos días se ha publicado una encuesta que sitúa el rechazo a Djokovic en el 83 %, pero ni siquiera hacía falta la validación empírica para comprobarlo. Bastaba con chequear el sentir de cualquier ciudadano australiano.

La opinión pública internacional sí sostenía muchas dudas al respecto, sobre todo después de que el juez Anthony Kelly permitiera el pasado lunes su permanencia, pero los acontecimientos de las últimas jornadas, que ponen en entredicho algunos de los trámites del serbio, hasta el punto de que ha tenido que emitir un comunicado de aclaración, han acallado también las críticas exteriores.

Dentro del Down Under (una expresión coloquial usada para referirse a Australia), desde luego, la repulsa es un clamor. El motivo principal es el enorme sacrificio que están haciendo allá durante la pandemia. Melbourne, sede del Open, suma 265 días de confinamiento.

La decisión llega también en pleno aumento de casos, con nuevas restricciones que afectan al propio torneo, que ha tenido que reducir el aforo a la mitad, pero sobre todo a unos ciudadanos hastiados por la situación.

Evidentemente, Djokovic no ha provocado este escenario y, objetivamente, ni siquiera supone un peligro. Pero su caso es ejemplarizante. El campeón espera todavía poder salvar un nuevo match-ball con un recurso cada vez más difícil de prosperar. Aunque, pase lo que pase, este partido con Australia hace tiempo que lo tiene perdido. (O)