La CC tiene la obligación de aplicar las normas constitucionales y legales, sin cálculos políticos ni electorales.
Existe una hoja de ruta clara a favor de la impunidad y la revisión de sentencias, con la colaboración de ciertos jueces y funcionarios.
La Corte Constitucional debe salir por sus fueros y con la aplicación de las normas vigentes cortar estos abusos.
Con estas acciones, ¿qué mensajes se envía al mundo? inseguridad jurídica y desconfianza.
Es hora de abogar y luchar por la consecución de un pacto ético, que promueva la paz y la unidad nacional.
Hoy se vive en la región con las tres íes: incertidumbres permanentes, inestabilidad política e inseguridad jurídica.
Se ha sembrado el odio como mecanismo para lograr votos sin razonamiento sino con el discurso estigmatizante, pendenciero y denigrante.
¿De qué democracia hablamos si aquí no funcionan a cabalidad las instituciones, que tornan ingobernable al país?
En la década del Gobierno 2007-2017 se agudizó el problema.
No se pueden esperar resultados diferentes con los mismos candidatos que pretenden volver a la Legislatura.
Patricia Ochoa ha tenido el coraje de desafiar al poder y lograr un avance, aún incompleto hasta no procesar a los autores intelectuales.
Son tres sectores identificados que actúan con esta intención.
Tienen que dejar de ser reactivos sino proactivos, para luego no lamentarse y solo buscar culpables de los hechos.
Esta es una muestra más que no funcionan a cabalidad las instituciones.
Hay que estar conscientes que el país está asediado por la delincuencia, el crimen organizado, la narco política.
Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre.
La metida de mano en la justicia no es nueva, pero hoy, con el mandato popular de casi la mitad de los electores (no de la población) que votó en la consulta, lo mínimo que debe garantizarse es el debido proceso y el derecho a la defensa de todos.