Jóvenes del Central Técnico irían a juicio

Los doce estudiantes mayores de edad del Colegio Central Técnico, acusados del supuesto delito de rebelión, están en riesgo de ser llamados a juicio el 20 de mayo próximo una vez que la justicia determinó para esa fecha la realización de la audiencia de dictamen fiscal.

La notificación llegó a los casilleros judiciales de los abogados de los estudiantes el viernes 26 de abril y en el escrito se notifica que el fiscal que continuará con la investigación será José Luis Jaramillo.

Él reemplazará al fiscal Bormann Peñaherrera, quien el 28 de marzo pasado emitió un dictamen abstentivo a favor de los jóvenes porque, según dijo, no encontró ni armas ni pruebas que certificaran que los estudiantes fueron parte de la protesta que terminó en actos vandálicos el 22 de febrero pasado fuera de las instalaciones del Central Técnico.

La manifestación se produjo, según los estudiantes, porque las autoridades de educación tenían previsto cambiar el nombre a su plantel.

Con este argumento fiscal, la jueza de la Unidad de Flagrancias, Eliana Carvajal, sobreseyó a los estudiantes y los liberó del Centro de Detención Provisional (CDP) de Pichincha, donde estuvieron detenidos 35 días.

Sin embargo, el dictamen de Peñaherrera fue cuestionado por el fiscal provincial de Pichincha, Miguel Jurado, quien dejó sin efecto la decisión del fiscal inferior reactivando el caso contra los doce jóvenes.

A las críticas contra Peñaherrera se sumó el presidente de la República, Rafael Correa, quien en una sabatina dijo que si bien no estaba de acuerdo con que los chicos estuvieran presos debían responder por sus actos. “Yo le mando los videos, las fotos, los testimonios de los policías para que no le queden dudas de quiénes tiraban piedras”.

Los estudiantes procesados son: Javier Zambrano, Carlos Cantuña, David Castro, Jefferson Cajamarca, Stalin Aluisa, Luis Iza, Jhonny Pilatuña, Cristopher Guasumba, Jhonny Lema, Darío Pailacho, Jonathan Tenorio y Jaime Pozo.

El artículo 221 del Código Penal señala que si la rebelión ha sido cometida por muchas personas y a consecuencia de un concierto previo, los rebeldes que lleven armas serán reprimidos con reclusión menor de tres a seis años; y los otros, con prisión de uno a tres años.

Pero en caso de comprobarse que la rebelión no fue el resultado de un concierto previo, “los culpados que llevaren armas serán reprimidos con prisión de tres meses a un año; y los otros, con prisión de quince días a tres meses”.

El abogado defensor de los estudiantes, Patricio Armijos, dijo que es indignante ver cómo se atropellan los derechos de los estudiantes. “Se abre el caso pisoteando el Código de Procedimiento Penal cuando no se encontraron pruebas del delito”.