Con palos y látigos se resguarda la puerta de un coliseo en una ciudad de las provincias con mayor población indígena. No se quiere ‘infiltrados’. Es casi la medianoche del domingo 21 de abril en Saquisilí, Cotopaxi. Adentro, miles de ellos elegían a Carlos Pérez Guartambel como presidente de la Ecuarunari, la filial de la Sierra de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Su primer mensaje: “Radicalizar la resistencia como único camino a la supervivencia”.

Pérez sabe de resistencia. Tres años atrás protestó en las calles en defensa del agua y terminó encarcelado. La pena rebajada a ocho días la pagó hace un mes. Sus compañeros ven en él la lucha contra el extractivismo, contra la minería a gran escala que afecta a las fuentes de agua. Y de la cárcel pasa a dirigir esta agrupación indígena, que se considera como el único frente de oposición que queda en pie y con la misión de lucha contra el Gobierno.

Para ello está en marcha el proceso de reestructuración en organizaciones y filiales, y de su brazo político: el movimiento Pachakutik.

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Sus asambleístas, que ya no estarán en el próximo periodo legislativo, que arrancará este 14 de mayo, volverán a las bases para fortalecerlas y seguir “resistiendo”, dicen, a las políticas del Gobierno en cuanto a temas que los han confrontado.

Así, Diana Atamaint, asambleísta que dejará la actividad legislativa, volverá a Morona Santiago, a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), para “tomar decisiones en las bases” sobre la reforma agraria, la Ley de Aguas, Ley de Tierras, Ley de Comunas, Ley Minera, Hidrocarburífera y las leyes tendentes a mejorar la producción del sector campesino. “En estos puntos debemos buscar consensos o plantear nuestro plan de resistencia si es que el Gobierno no considera nuestras propuestas que hemos llevado hasta la fecha en la Asamblea”, señala.

Si es necesario, prepararán movilizaciones. La última gran marcha que activó las bases de la Conaie se dio el 8 de marzo del 2012, tres días después de que el Gobierno firmó contrato con una minera para el proyecto Mirador. Por varios días y distintas provincias avanzaron miles de indígenas hasta Quito.

Ella dice que el poder político se ha valido del movimiento indígena, “han propuesto que recogerán las aspiraciones, por eso han logrado tener nuestro apoyo; sin embargo, luego se olvidan de las ofertas de campaña y van por caminos distintos a lo ofrecido. Incluso nos criminalizan y nos dicen terroristas por reclamar esos derechos”.

A las bases de Chimborazo también regresa Gerónimo Yantalema. Él considera que una de las mayores confrontaciones con el Gobierno será el modelo económico, comentó esta semana a RTU. En el plano legislativo, según el asambleísta que forma parte de la Comisión de Soberanía Alimentaria, quedan pendientes la Ley de Aguas, la de Tierras y la de Semillas.

Por eso anuncia que hará un acompañamiento a los nuevos legisladores de PK. Su nombre, según dirigentes de Pachakutik, suena para hacerse cargo de ese movimiento. Otra candidata es Nina Pacari Vega.

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya recibió el pedido de organizar el proceso en el que se designará a los integrantes de la coordinación nacional del movimiento. La jornada tal vez se realice el 1 de junio, según fuentes de la agrupación.

Mientras que a las 08:30 de hoy, el Frente de Pueblos y Nacionalidades para la Defensa de los Territorios de la Amazonía será parte del proceso de elección del nuevo consejo de gobierno de la comunidad Sarayacu, en Pastaza.

Franklin Toala, encargado de las relaciones internacionales y nacionales de ese frente, dice que no hay posibilidades de que el Gobierno “se infiltre” en la nueva directiva y resalta la unidad del movimiento indígena, pese a las dificultades de comunicación que tienen por lo extenso y agreste del territorio.

Toala dice que en las comunidades esperan que los nuevos asambleístas de PK mantengan la lucha sobre los temas en que las bases amazónicas han mostrado su desacuerdo: la consulta previa (que ellos pretenden que sea vinculante) en temas que podrían afectar a las poblaciones y la nueva ronda petrolera para licitar nuevos campos.

Para Lourdes Tibán, quien seguirá en la Asamblea, no existe otro frente de oposición que el movimiento indígena. “Miremos a los estudiantes, en cualquier otra época con lo que ha pasado, el libre acceso a la educación superior, cierre de universidades, hubieran sido una gran fuerza social y ahora no ha sido así. En el tema del sector público vamos por 15.000 despidos intempestivos, pero han quedado en la queja...”.

Acepta que PK tendrá poca incidencia como oposición al tratar las leyes frente a los 100 de 137 legisladores que tendrá Alianza PAIS. Pero señala: “Nosotros somos más afuera que adentro. Y hay que ver cómo reactivar lo de afuera (organizaciones de base), porque adentro (la Asamblea) no va a pasar nada... Alguna vocería hemos de hacer en la Asamblea, pero siempre se necesita que haya conciencia desde afuera”.

Humberto Cholango, presiente de la Conaie, dice que el poder político siempre ha intentado dividirlos, y aunque él asegura que no lo han logrado, la dirigencia de PK en Chimborazo participó en las elecciones en alianza con el Gobierno.

En las próximas semanas se renovará la filial amazónica de la Conaie. “Vamos a renovar nuestros cuadros dirigenciales, a trabajar con mucha intensidad en las organizaciones de base para que las propuestas del movimiento sean observadas y escuchadas por el Gobierno”. “Nos estamos renovando para poder dar respuesta al nuevo periodo de Gobierno”.

Temas de conflicto
Ley de Aguas
La primera disposición transitoria de la Constitución, vigente desde octubre del 2008, le dio un año a la Asamblea para aprobar la ley que regule los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua. En el 2009 la Presidencia de la República y la Conaie presentaron sus proyectos. En noviembre de ese año, el pleno aprobó el primer informe. Seis meses después se presentó un nuevo informe de mayoría. Entre los temas álgidos está el sistema de administración del agua, la autoridad única del recurso y sus atribuciones. En marzo del 2010, la Corte Constitucional señala como obligación la consulta prelegislativa para leyes que afecten derechos colectivos. En la Asamblea se frena la votación ante la falta de reglamentación para la consulta. El 13 de junio del 2012 el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) aprobó el instructivo para la consulta; 1.607 agrupaciones se inscribieron para el proceso que terminó el 8 de octubre. Actualmente la mesa organiza los resultados.

Proyectos pendientes
En la mesa de Soberanía Alimentaria están pendientes de trámite los proyectos de ley para la redistribución de tierras, consulta previa, comunas y de semillas. Ninguno tiene informe para primer debate.

Consulta previa
La extracción también mantiene roces entre el régimen y los indígenas. En septiembre pasado, con lanza y ajíes pobladores de Yaupi (Morona Santiago) esperaron a funcionarios de Hidrocarburos que iban a difundir la décima ronda de la explotación minera y petrolera en la zona. Los habitantes de esta parroquia del cantón Logroño se concentraron para criticar la explotación y los funcionarios no arribaron, por lo que no se realizó la consulta previa.

Posiciones: Representantes indígenas
Humberto Cholango
Presidente de la Conaie
“Vamos a renovar nuestros cuadros y a trabajar en las organizaciones de base para que las propuestas del movimiento indígena sean escuchadas por el Gobierno”.

Diana Atamaint
Asambleísta saliente
“Vamos a seguir con el trabajo de bases para que no nos engañen, el Gobierno dispone de tanto dinero y es muy fácil entrar por ese lado a quebrar a nuestras organizaciones”.