Aunque hay huellas de taromenanes, se dice que se los ignora

Héctor Vargas volaba, a mediados de agosto del 2009, por un sector de la Zona Intangible (intocable), en la provincia de Orellana. El director de Desumak Allpa, organización de conservación y educación ambiental, narra: “Mientras yo regresaba de la comunidad de Bahameno, tuve la oportunidad, accidentalmente, de visualizar tres casas grandes de pueblos no contactados con habitantes. En un vuelo de regreso, en un helicóptero, pasamos por ahí y tomé las coordenadas...”.

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Agrega: “Las tres casas podrían tener a 30 personas cada una. Yo encontré y localicé el punto en donde vivían, tomé las coordenadas y las entregué en un foro a la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fueron definitivas para que se fortalezcan las medidas cautelares (vigentes desde el 2006 en favor de los pueblos no contactados). Con eso se desmontaba el discurso de las petroleras que tuvieron que retractarse, porque también decían que no había pueblos no contactados”.

Vargas, guía de selva, ha sido una de las personas claves para documentar la existencia de los indígenas taromenanes, asentados no solo en la denominada Zona Intangible del Parque Nacional Yasuní, sino en áreas cercanas a instalaciones petroleras y asentamientos de colonos, como sucede en el campo petrolero Armadillo, área donde el guía localizó las chozas.

Hoy, este clan no contactado es nuevamente motivo de preocupación mundial, luego de que indígenas huaorani (evangelizados) de Yarentaro supuestamente atacaron, el 29 de marzo pasado, a un grupo de taromenanes, provocando la muerte de un número indeterminado de individuos, en venganza por el lanceamiento de los huaos Ompure y Buganei, el 5 de marzo pasado. Los de Yarentaro tienen en su poder a dos niñas del grupo enemigo.

Por este hecho, ambientalistas, dirigentes indígenas y religiosos dicen que el Estado no ha hecho lo suficiente para proteger a los taromenanes. Vargas y otros señalan incluso que algunos funcionarios, como el ministro de Recursos no Renovables, Wilson Pástor, han dicho en su oportunidad que no se ha comprobado su existencia, pese a las pruebas.

Las huellas taromenanes son múltiples desde 1993, cuando el huaorani Babe Ima trajo secuestrada a la chica taromenane Omatuki, a quien la devolvió a los 24 días. En el 2003, nueve guerreros que obedecían a Babe mataron con tiros y lanzas a 26 taromenanes en Cuchiyacu. En agosto del 2009, posibles taromananes mataron a lanzazos a Carmen Zavala y sus dos hijos, colonos de la zona.

Hay más. El informe ejecutivo sobre la situación de Pueblos Indígenas Aislados (PIA) en el sector Armadillo-Los Reyes, del Ministerio del Ambiente y el Plan de Medidas Cautelares, del 27 de enero del 2010, cita que en enero de ese año “han sido múltiples los registros de señales de PIA en comunidades cercanas al lugar de las muertes del 2009, confirmando la permanencia estable del clan de Armadillo”.

Cita: “Desde la muerte de Castellanos (maderero lanceado), en marzo de 2008, alrededor del campo marginal Armadillo se han registrado 34 eventos relacionados con PIA”.

Pero este es solo un sector de residencia. Hay fotografías de pisadas, de chozas, lanzas recogidas en los ataques y un mapa, donde se definen cuatro zonas donde vive el clan, que según Vargas habría absorbido, en el 2000, a otro no contactado, los tagaeri, huaoranis que se negaron a ser contactados.

Vargas, ya en el 2003 había detallado los rasgos de los taromenanes, que los diferencian de los huaoranis. Igual descripción hicieron ese año algunos de los nueve huaoranis que mataron a los 26 en Cuchiyacu.

Los taromenanes provendrían de Brasil o Perú. Vargas los describe como guerreros fuertes, de piel clara.. Su lenguaje no es entendible.

Según Vargas, son nómadas y andan completamente desnudos. Existirían actualmente unos 200 individuos. Sostiene que los taromenanes pisan solo con la parte delantera del pie. Las fotos del Plan evidencian eso. El cabello se lo cortan con machete. Sus lanzas son de entre 5 y 8 metros de longitud.

Pero Vargas cuestiona: “Desde los estamentos del Estado se niega en cierta forma la presencia de los no contactados. Hay que insistir en que los pueblos son seres humanos que existen, que viven en un territorio...”.

“Es triste ver que las autoridades, a pesar de entregarles pruebas de la presencia de los pueblos no contactados, digan que demorarán en las investigaciones”, dice Vargas.

El Plan de Medidas Cautelares para proteger a los no contactados se creó en el 2007, luego de que en el 2006 la CIDH otorgara esas medidas.

El informe del Plan, aquel de enero del 2010, es crítico contra la actividad petrolera en el campo Armadillo. Cita que constituyen las áreas en donde se tiene la mayor cantidad de evidencias de presencia de PIA, por lo tanto es “territorio de posesión ancestral irreductible e intangible, según lo establecido en la Constitución de la República”.

“Dos consecuencias principales se sucederían ante nuevas actividades: intensificación del estado de presión sobre este grupo, con el consecuente aumento de la violencia intra e interétnica...”, señala el informe, que menciona, además, las altas posibilidades de un contacto forzado que violente el derecho de autodeterminación y ponga en riesgo al grupo.

“Ambos efectos contribuirían a crear condiciones que puedan llevar al exterminio físico y cultural del grupo, correspondientes a las definiciones de genocidio y etnocidio incluidas en las recientes reformas al Código Penal”, agrega el Plan, que puso condiciones para que la empresa Petrotesting siga con sus tareas de protección; pidió que se baje el nivel de ruido de un generador de Petrochina y el fortalecimiento de una zona de amortiguamiento, entre otras.

Meses después, el presidente Rafael Correa dispuso que el Plan ya no lo maneje el Ministerio del Ambiente y pase al de Justicia, hasta la fecha.

Txarli Azcona, capuchino del Vicariato de Aguarico que labora en comunidades indígenas, reclama porque “las voces oficiales y el ministro Pástor (de Recursos No Renovables) siempre han dicho que los pueblos no contactados no existen y por tanto se puede explotar el petróleo...”. Insiste en que ellos, “mejor que nadie lo saben”.

Sobre las medidas cautelares dice que “han servido de muy poco”. “No se aplican, porque estas últimas matanzas revelan que el Estado no protegió a los pueblos, las medidas están ahí pero no se conocen, no hay protocolos, ni las empresas petroleras tienen o no las dan a conocer, eso nos parece grave”. Añade que ahora se habla de alerta roja y en la zona nadie sabe lo que eso significa.