En contra del Estado ecuatoriano se tramitan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) varias solicitudes de medidas cautelares, recurso que el régimen de Rafael Correa cuestiona como parte de las facultades de ese organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Restringir las medidas cautelares, imponiendo requisitos más rigurosos para los peticionarios es uno de los cambios propuestos desde el año pasado y sobre los que se decidirá en la Asamblea General de la OEA, el próximo 22 de marzo.

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En la mayoría de los casos, los peticionarios ecuatorianos cuentan con el respaldo de la Federación Nacional de Abogados, gremio que ve con preocupación los cambios, en su mayoría planteados por el Gobierno, al funcionamiento de la CIDH y sus relatorías.

Pedro Granja, secretario del gremio, cree que el Estado busca no reconocer las futuras resoluciones de la CIDH en cuanto a medidas cautelares.

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Él lleva adelante pedidos de ese tipo en el caso de Carolina Llanos, pareja del asambleísta Galo Lara (sentenciada por un triple asesinato), que acusa al Estado de no brindarle asistencia oportuna cuando supuestamente recibió malos tratos de las internas del penal en el que se encuentra, lo que le habrían provocado un aborto.

Medidas cautelares también han solicitado la madre de la menor que acusó de abuso sexual a Jorge Glas Viejó; la defensa de los ‘10 de Luluncoto’, sentenciados por intento de terrorismo; el político Fernando Balda, sentenciado por atentar contra la seguridad del Estado y el mismo Granja, quien denunció amenazas de muerte.

Pese a la preocupación de los abogados, el experto en derecho internacional Carlos Estarellas Velásquez no cree posible que esas reformas pasen, pues no ve consensos entre los países miembros de la OEA.

Brasil, por ejemplo, según una publicación del diario O Estado, se aleja (como ya lo hizo México) de la postura ecuatoriana. “Brasil no quiere ver aprobada una medida que eliminaría la facultad de la Comisión para dictar medidas cautelares...”, dice la publicación que hace referencia a la visita del canciller Ricardo Patiño, quien, según el medio, “dejó Brasilia sin ninguna promesa de que el país abarcará cambios que pueden debilitar el sistema”.

Las acciones en la CIDH continuarán este lunes y martes, cuando representantes del Estado ecuatoriano y de la sociedad civil que abogan por la libertad de expresión y la no explotación de recursos naturales participen en Washington, en el 147 periodo de sesiones públicas que abrió la Comisión.