El supuesto mal uso de la central de Radio Patrulla durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 dio paso al inicio de la instrucción fiscal en contra de 17 policías, a quienes se acusa del delito de incitar a la rebelión. La sanción prevista para esa figura penal es la reclusión de entre tres a nueve años, según la gravedad.