Obviamente no es un chiste, porque las bromas del líder se caracterizan por la ausencia de ironía, por su carácter áspero y por la permanente carga de doble sentido. En la comunicación enviada a la Asamblea no hay nada irónico, aunque puede haber algo de cinismo, que es otra cosa. Y va claramente un solo sentido, porque es evidente que apunta al silenciamiento total. Lo único que queda de la marca de fábrica es ese tinte hosco que encanta a los asistentes a las sabatinas. No hay dónde perderse. Pero, viniendo de donde viene y considerando los posibles efectos que tendrá, la carta está destinada a convertirse en una joya tanto en lo jurídico como en lo político.
En lo jurídico constituye un nuevo intento de erigirse (o más bien mantenerse, porque erigido ya está) en el juez constitucional del país. Le reprende al presidente de la Asamblea porque permite que los asambleístas soliciten a título individual información a los funcionarios públicos, lo que, en su ilustrado parecer, constituiría una violación de la Constitución. Pero no se queda en esa pequeñez, sino que le hace saber que las disposiciones de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en las que se amparan los asambleístas, se oponen a mandatos constitucionales expresos y por tanto carecen de eficacia jurídica. Esos artículos de la Ley son inconstitucionales, por tanto simple y llanamente no deben ser aplicados.
Como sabe que es innecesario acudir a la Corte Constitucional, basta y sobra con su palabra. La perla, en este sentido, es una frase de tono aparentemente dolorido pero durísima en su contenido. Dice que en “ocasiones se actúa con mala fe, contrariando normas constitucionales expresas que conceden a la Asamblea Nacional, se entiende a través de su presidente y representante legal, la facultad de requerir información necesaria para fiscalizar”. Ese “se entiende”, que pudo ser dicho en primera persona del singular, lo expresa todo. Ya podemos saber en dónde está la facultad de interpretar la Constitución y las leyes. No hay para qué hacerse nudos. El complemento obvio e inevitable –le hace saber al final de la carta– es que ha recordado a “los Ministros y Ministras” (así, con mayúsculas y con equidad de género) que no tienen obligación de responder a esos pedidos. Por tanto, un alivio adicional para ellos y ellas que ya estaban prohibidos y prohibidas de conceder entrevistas.
En lo político, es evidente que no le satisface un organismo que en la práctica ha renunciado a su facultad de fiscalización y control. Hay que ir más allá. Es necesario cerrar el camino a cualquier pregunta que resulte incómoda, aunque eso signifique acabar con los últimos vestigios de la Asamblea como órgano de expresión de la voluntad popular y, en virtud de eso, como espacio de debate político y de control de los otros poderes. La Constitución se encargó de reducirle a la mínima expresión, pero se puede ver que no fue suficiente. Lo increíble es que los de adentro apoyan esa posición o cómodamente se callan.
