Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) evitaron pronunciarse sobre una eventual descalificación de los precandidatos a la Presidencia de la República Álvaro Noboa y Abdalá Bucaram.
Noboa, líder del Prian, mantiene un litigio con el Servicio de Rentas Internas por aproximadamente $ 100 millones por impuestos al Fisco. Bucaram, líder del PRE, sostiene dos juicios por el delito de peculado.
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El CNE aprobó este martes el reglamento para la inscripción de candidaturas.
Respecto a quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión, cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado, se añadió “quienes tengan interdicción judicial mientras esta subsista, salvo en caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta”.
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La prensa pidió al presidente del CNE, Domingo Paredes, una explicación para la aplicación de esta figura, pero no respondió. Más bien, aprovechó la presencia del fiscal Fabián Salazar, quien investiga la presunta falsificación de firmas, para que él despeje la duda.
El fiscal respondió que “interdicción simplemente es una fase ordenada por autoridad competente en la cual una persona no puede actuar por sí sola, (que) necesita de una tercera persona”.
Añadió que la figura puede ser aplicada en causas civiles, penales y que “una persona interdicta no puede actuar con los derechos ciudadanos”.