El bajo perfil que ha mantenido durante su gestión en tres gobiernos contrasta con la exposición mediática de los últimos 17 días. El nombre de José Domingo Raúl Paredes Castillo se ha repetido a diario en las noticias desde el viernes 27 de julio.

La aparición de miles de firmas falsas en el sistema de cómputo del Consejo Nacional Electoral (CNE) evidenció las falencias del organismo para cumplir lo que dispone la ley: la verificación de la autenticidad de las fichas de afiliación de los grupos políticos, según el artículo 320 del Código de la Democracia.

¿La solución que planteó el Consejo? Revisar el 100% de las firmas presentadas por las organizaciones, incluso las que ya habían sido reconocidas para participar en los comicios del 2013 (once hasta ahora). Si los partidos y movimientos no logran completar el 1,5% de las rúbricas registradas en el padrón electoral, la entidad podría poner fin a su existencia jurídica.

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Paredes ha justificado al ente encargado del control. Según él, los consejeros no sabían que el sistema informático empleado para la revisión –que fue comprado en la anterior administración– era vulnerable en un 60%. Aunque Sociedad Patriótica (SP) y el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) ya habían denunciado irregularidades (el primero en la Fiscalía y el segundo en la Contraloría), el presidente del CNE aseguró que tampoco conocía este hecho.

Sociólogo y doctor en Historia, con una trayectoria en el área ambiental, Paredes asumió la presidencia del CNE el 29 de noviembre del 2011, un día después de haber sido posesionado por la Asamblea sin la presencia de la oposición. Un grupo de legisladores abandonó el pleno en rechazo a la cercanía de los cinco nuevos consejeros con el oficialismo, pues todos habían ocupado cargos en el actual Gobierno o la Asamblea (con PAIS).

En su paso por dos entidades estatales durante el actual régimen, Paredes había tratado de cerca al presidente Rafael Correa. Ambos almorzaron en Carondelet el 16 de julio, once días antes de que estallara el escándalo de las firmas.

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Paredes se desempeñó como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) desde el 19 de abril del 2007 hasta el 23 de abril del 2010. Inmediatamente asumió el mando en la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) hasta el 12 de julio del 2011 para luego iniciar su carrera hacia el Consejo Electoral.

Una persona cercana al nombramiento de Paredes en el Consep –y que pide la reserva– cuenta que él llegó al cargo por una recomendación de Xavier Garaicoa, el entonces procurador del Estado, quien había sido elegido de una terna enviada por Correa al Congreso. Paredes fue designado por un Consejo Directivo integrado por la Procuraduría y ministerios como el de Gobierno y Policía, entre otros.

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A Paredes y Garaicoa los unía una relación de amistad. Ambos militaron en la coalición denominada Frente Amplio de Izquierda (FADI). En el grupo concurrieron, entre otros, el Partido Comunista del Ecuador, el Partido Socialista Ecuatoriano y la Unión Demócrata Popular (UDP).

A la Senagua, en cambio, llegó por nombramiento de Correa, aunque –según las fuentes consultadas– entre ellos no había una relación de amistad. Como parte de sus funciones como secretario ejecutivo del Consep, Paredes debía asistir a las reuniones de seguridad y en algunas participaba el propio mandatario. La relación era cordial, pero no estrecha.

Paredes era más cercano a otros funcionarios, como Fander Falconí, titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), quien es amigo de su esposa: Dania Irene Quirola Suárez. De hecho, en el actual Gobierno, ella ha sido asesora en la Senplades y subsecretaria de Innovación y asesora 2 en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt).

Uno de los cuñados de Paredes, Wilson Ricardo Quirola Suárez, también ha trabajado para el Consep y después para la Senagua, durante el actual Gobierno. Y otro, Freddy Xavier Quirola Suárez, para la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Contraloría General del Estado.

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La oposición cuestiona los antecedentes del presidente del CNE en el oficialismo y algunos no dudan en calificarlo como “verde”, en alusión a PAIS.

También ha trabajado en anteriores gobiernos. Fue asesor del despacho ministerial de la cartera de Ambiente, entre el 2001 y el 2002, durante la gestión de Lourdes Luque, en el régimen de Gustavo Noboa. Antes, en esa administración, fue director nacional de Biodiversidad. Años después, en el mandato de Alfredo Palacio, volvió al Ministerio, como secretario técnico del Consejo de Desarrollo Sostenible (2005-2006).

En el ámbito privado trabajó para Fundación Natura (1994-2000) y Conservación Internacional (2002-2005).

Por sus funciones en el Consep y la Senagua recibió cuestionamientos. Cuando se presentó como candidato al CNE, Ángel Salvador, director de la veeduría llamada Contrato Social, presentó una impugnación ante el Consejo de Participación Ciudadana (a cargo del concurso para elegir a los vocales) por supuestas irregularidades en el manejo de bienes incautados en el Consep. La acción, sin embargo, no fue admitida. Por su labor en la Senagua, Vicente Taiano, entonces asambleísta del Prian, lo denunció ante la Fiscalía por presunto peculado en la concesión del proyecto Multipropósito de Chone, fase 1.

El jueves 26 de julio, un día antes de que se desataran las críticas de ciudadanos al conocer que aparecían como afiliados o adherentes sin haberlo autorizado, Paredes –en compañía de 63 empleados– denunció en la Fiscalía la supuesta falsificación de 293 firmas de funcionarios del organismo, incluso de 3 consejeros.

Ese mismo día se anunció la habilitación de un enlace en la página del CNE, según se dijo, para que los ciudadanos puedan verificar si alguna organización utilizó sus identidades para lograr así su inscripción.

El CNE, para anular las falsas afiliaciones o adherencias, exige a los ciudadanos que presenten una denuncia en la Fiscalía. Allí se entrega un formato único, que debe ser llenado con los datos del afectado, y en él no se acusa a nadie, ni a los partidos ni al CNE, pero sí se pide el nombre de la organización. Galo Chiriboga, el fiscal general, calificó al CNE como “víctima” y dijo que los consejeros no serán parte de las investigaciones.