En las calles de Portoviejo lo recuerdan como don César, el hombre que era casi imprescindible para los políticos en las décadas del ochenta y noventa del siglo pasado. Los candidatos lo buscaban para lograr aceptación en grupos empresariales de Manabí, especialmente en Portoviejo, donde César Fernández Cevallos residía.

En ese entonces, Fernández era un próspero empresario con negocios avícolas como la empresa Pollos Papío y por su fuerte presencia en el sector camaronero que abandonó por el azote de la mancha blanca.

Así creó un imperio económico. Su riqueza se reflejó en la mansión que construyó en la vía a Picoazá, en Portoviejo, conocida como la Casa Blanca, más por su lujo.

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Según amigos del expolítico, en esa propiedad se hospedaron Joao Havelange, expresidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), y Nicolás Leoz, actual presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en la Copa América de 1993, cuando el país fue sede.

Sus vínculos con la política implicaron que ocupe el cargo de gobernador de Manabí en el régimen de Sixto Durán-Ballén (1992 y 1996).

Sin embargo, allegados a Fernández revelaron que por su cargo público descuidó sus negocios, que reportaron pérdidas millonarias por el fenómeno El Niño de 1997, por lo que vendió algunas empresas.

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Incluso en esos años se conocía al exgobernador con el sobrenombre de el Quebrado, por las deudas que mantenía con el sistema financiero. Las demandas laborales derivaron en el embargo de la Casa Blanca, según publicó la revista Vistazo en noviembre del 2003.

Pese a la crisis, Fernández retornó a la política en el 2002 para apoyar a su hija María José (actual defensora del Pueblo en Guayas), quien fue candidata a diputada por el partido Patria Solidaria, del expresidente Oswaldo Hurtado.

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Los resultados no fueron favorables y Fernández decidió apoyar al binomio Lucio Gutiérrez-Alfredo Palacio. Incluso trascendió que habría aportado 30 mil dólares para la campaña, lo que fue desmentido posteriormente por Palacio.

La imagen de un empresario con problemas económicos y vinculado a la política se derrumbó el 23 de octubre del 2003, cuando agentes de Antinarcóticos encontraron 430 kilos de clorhidrato de cocaína, valorada en ese momento en 15 millones de dólares, repartidos entre su domicilio, la empacadora Fermasa y el hangar Aerofer, de su propiedad.

Un año después, el 23 de octubre del 2004, el Primer Tribunal Penal de Manabí, integrado por Camila Navia, presidenta, Orlando Delgado y Daniel Cadena, sentenció al exfuncionario a 16 años de reclusión mayor, que debería cumplir en el penal García Moreno, de Quito. Los otros trece detenidos recibieron penas entre los 6 hasta los 25 años.

El entonces procurador del Estado, José María Borja, pidió que se revise la sentencia a Fernández y solicitó que se aplique la pena máxima que es de 25 años. Pero más bien, el 14 de abril del 2010, el entonces presidente de la Primera Sala de la Corte Nacional de Justicia, Hernán Ulloa, anunció la reducción de la pena de Fernández de 16 a 12 años.

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Y dos semanas después, un informe de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) recomendaba la rebaja del 49% de esa condena. Así el 3 de mayo del 2010, tras beneficiarse de una reducción de la pena y del perdón de la mitad de esa sentencia o 2x1, Fernández recobró su libertad.

Desde entonces se movía por el país con un perfil bajo, dicen sus allegados. No asistía a los actos públicos hasta que fue nuevamente apresado el miércoles pasado por su presunta vinculación con la incautación de 105,8 kilos de clorhidrato de cocaína, en Guayaquil.

Antes de esta segunda detención, la liberación de Fernández generó reacciones en la Asamblea, desde donde se pidió investigar un presunto involucramiento del Gobierno y la Fiscalía en la excarcelación del exgobernador.

La asambleísta Betty Amores (antes de PAIS) reveló su sospecha sobre que el caso constituiría un pago de favores a la legisladora Scheznarda Fernández (sobrina del exfuncionario), quien no apoyó el juicio del entonces fiscal general, Washington Pesántez.

La asambleísta tenía la disposición del Partido Social Cristiano (PSC), por el que alcanzó la curul, de apoyar el juicio contra Pesántez, pero se abstuvo de votar, lo que provocó un enredo político que impidió que el proceso pase al pleno.

Scheznarda, quien ahora es independiente y su voto ha sido clave para la bancada oficialista, niega estas acusaciones.

Mientras, días antes de la liberación de César Fernández, la mayoría de sus propiedades, que está en manos del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas (Consep), fue restituida a una de sus hijas, Ana Fernández, por orden del Primer Tribunal Penal de Manabí.

El entonces abogado de Fernández, Édison Loayza, dijo que los bienes fueron devueltos porque no se hallaron indicios para vincularlos con el delito de narcotráfico.

Para Alfredo Alvear, quien era fiscal general subrogante en el 2003, Fernández debió ser condenado con la pena máxima de 25 años y nunca debieron devolverle sus bienes. “Los ciudadanos no creen en la justicia por este tipo de hechos”, afirma.

El exfuncionario judicial considera que si estuviera vigente un proyecto de ley que se planteó a la Asamblea Constituyente de Montecristi en el 2008 existirían más elementos legales para la terminación unilateral del derecho de propiedad en los casos comprobados de enriquecimiento ilícito. “Eso ha tenido éxito en Colombia con los narcotraficantes. En el caso de (Pablo) Escobar, sus herederos no pudieron recuperar los bienes porque se declaró extinguido el derecho de dominio”.

Alvear asegura que el proyecto llamado Ley de Extinción del Derecho de Dominio no tuvo eco en la Asamblea.

Textuales: Lo que se dijo
María Eugenia Vallejo
Exfiscal de Manabí
“César Fernández es un fraude para los manabitas. Es duro ver cómo un hombre en su avanzada edad haya caído tan bajo, pero el narcotráfico se vale de eso, de personas públicas, quebradas y ambiciosas”.