Patricia Villarruel
MADRID.- Cuando en el 2007 Hilda C.L. compró su vivienda de 47 m² por $ 239.000, asumió el compromiso de pagar una mensualidad de $ 1.300. Cinco años después, sus ingresos solo le permiten abonar $ 187. Es la propuesta de alquiler social que la ambateña trasladó a Bankia para que no la desahuciara del piso en el que habita con sus cinco hijos.

La entidad financiera se negó a admitir esa posibilidad. Tampoco consumó ayer el desalojo previsto. Era el segundo intento. Hasta la calle Dolores Armengot, en el madrileño distrito de Carabanchel, acudió ayer la comisión judicial, pero no llegó la abogada de Bankia. La agonía se alarga hasta el próximo 27 de julio.

Hilda subsiste con $ 440 al mes, además de los $ 625 que de "buena voluntad" le da su expareja, el padre del último de sus hijos.

Bankia cree que sus ingresos son insuficientes para afrontar un arriendo social. "Puedo pagar $ 190, ¿por qué son tan insensibles?", se lamenta.

La institución ha ignorado las 500 firmas recogidas entre los vecinos, los informes que acreditan su situación emitidos por los ayuntamientos, las ONG, Cruz Roja, Mensajeros de la Paz y el aval solidario firmado por diez profesoras que quieren convertirse en garantes de la ecuatoriana. "Si un mes no logra pagar, estamos dispuestas a ayudarle", dice una integrante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que prefiere no identificarse.

"Esperamos una respuesta, pero el banco siempre ha estado negativo", agrega Rafael Mayoral, abogado del grupo.