En Ecuador y Latinoamérica, la principal demanda de la población es seguridad. Entonces se necesita una actualización del Código Penal. Hay que construir un Código Integral altamente flexible, porque el delito está mutando permanentemente.
“El problema que se tiene en el país y en América Latina es que se diseñan las penas y las políticas de seguridad en función de las encuestas de opinión. Si la opinión pública señala que hay que sacar a la calle a las Fuerzas Armadas, se las saca; si la población dice que deben incrementarse las penas, estas se incrementan.
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“Esto proviene del nivel de victimización de la población. Frente a los hechos criminales, frente a la percepción de inseguridad, la gente reacciona con este sentido de venganza; cree que la forma de resolver los problemas es a través de la mano dura y del populismo penal.
“Desgraciadamente, el populismo penal, que no es otra cosa que asumir las demandas de las víctimas, no resuelve bajo ningún punto de vista el tema de seguridad. De lo que se conoce no hay un solo país del mundo que al haber ampliado las penas haya logrado reducir las tasas de violencia (robos y homicidios).
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“También se debe plantear una discusión en términos internacionales. Habría que hacer un análisis para ver la posibilidad de articular este Código con los que existen, al menos en Sudamérica.
“La trata de personas, el tráfico de órganos, entre otros delitos del crimen organizado, no son manejados en una dimensión internacional en la propuesta del Código. El tratamiento de estos temas es muy localista.
“El desarrollo de la tecnología hace que el robo de un banco en el país pueda hacerse desde China o Argentina. Por ello hay que estar preparados para manejar legalmente estos problemas.
“Lo que hay es una organización internacional del delito, pero los hechos son locales. Por ejemplo, si en Colombia está definido lo que es el sicariato y se tiene una pena específica, en el Ecuador esto no existe y por lo tanto no es equitativa a la pena que hay en Colombia. Obviamente, por las asimetrías complementarias, los delitos tienden a trasladarse al país donde las penas son menores.
“Lastimosamente, este Código deja de ser integral porque no está integrado bajo la lógica del delito que es internacional, organizado, económico. Lo deseable es que la tipificación del delito en Ecuador debería ser igual, lo que no significa copia, a políticas internacionales de combate al delito. Al menos debería parecerse en la tipificación del delito y en las penas o sanciones. Me da la impresión de que en el Código planteado todos los caminos llevan a la cárcel. Pero todos dicen que la cárcel es la universidad del delito y si llevamos a todos los delincuentes a la cárcel, entonces es un grave error.
“En Chile, por ejemplo, acaban de aprobar la existencia de una tecnología: los collares electrónicos para las manos o los pies del sentenciado. Esto permite cumplir la pena en su barrio. Al delincuente no se le saca de su medio natural ni se le encierra en la cárcel, sino que se le mantiene donde vive, con su familia, con sus limitaciones de libertad.
“Hay que pensar en penas alternativas. Es más costoso mantener a una persona en la cárcel que generar puestos de empleo. Si vemos que la causa principal de los hechos delictivos es la falta de empleo y distraemos recursos para las cárceles, entonces cometemos un error garrafal”.