Ecuador pide en Río de Janeiro, Brasil, que se le otorguen derechos a la naturaleza, a nivel universal. Se pone como ejemplo.

En el 2007 se hablaba de un cambio profundo. Un cambio que dejara atrás la explotación indiscriminada de los recursos naturales y que no viera a la tierra como un simple objeto.

En ese entonces, el discurso era rescatar y valorar la relación armónica entre el hombre y la naturaleza. Aquel ideal, promovido en especial por grupos ecologistas, tomó forma de principio constitucional el 10 de abril del 2008, cuando se reconoce a la naturaleza como un sujeto con derechos (art. 10). Tres meses después se aprueban más apartados a favor de la tierra (arts. 71, 72, 73 y 74). Así como otros capítulos que relacionan la protección del ecosistema.

En octubre del 2008, el país aprueba la nueva Carta Magna y entran en vigencia –por primera vez– los derechos de la naturaleza. Luego de tres años y ocho meses de considerarse a la tierra como sujeto, y no como objeto, aún faltan normativas para su aplicación. Así como acciones concretas que conserven la biodiversidad, indican cuatro expertos en medio ambiente consultados por este Diario. Uno de ellos fue presidente de la Asamblea Constituyente.

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Después de la vigencia de los derechos de la naturaleza se firmaron decretos y normas que contienen preceptos contradictorios a la conservación de la tierra. Una de estas disposiciones es la Ley de Minería.

Así opina Jorge Hidalgo, de la Coordinadora Ecuatoriana para la Defensa de la Naturaleza y del Ambiente (Cedenma).

“El Estado va en contra de los derechos de la naturaleza porque va detrás del extractivismo, como otros gobiernos. Concede licencias ambientales que no debe conceder, como la del bloque 31 dentro del Parque Yasuní...”, expresa Hidalgo.

Para él, los derechos están solo en el papel (Constitución), pues en la práctica no se garantizan.

Hay más ejemplos. La explotación petrolera se intensifica con la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que se aprobó en julio del 2010. Esto permitió la renegociación de los contratos petroleros con varias empresas extranjeras, lo que se traduce en más extracción del oro negro, según Nathalia Bonilla, antropóloga e investigadora, quien trabaja hace ocho años en la organización no gubernamental (ONG) Acción Ecológica.

Para ella, los planes de desarrollo nacional contradicen las normas garantistas de la naturaleza al hablar de nuevas rondas petroleras. Es decir, más campos para la explotación.

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En un informe de Acción Ecológica de octubre del 2011, titulado ‘Ampliación de la frontera petrolera: traición al Sumak Kawsay (El Buen Vivir)’, hay dos mapas petroleros comparativos de los años 2007 y 2011. En el del año pasado se observa que el Estado ha destinado una mayor porción del territorio para la actividad hidrocarburífera.

En el escrito se detallan las acciones petroleras efectuadas por el gobierno de Rafael Correa, entre las que resaltan la entrega sin licitación del Bloque 20, la creación de empresas de economía mixta para operar campos como el Sacha y para la construcción de la Refinería del Pacífico. La contratación de la firma china Sinopec para explorar la Costa.

Luego de la aprobación de las reformas a la Ley de Hidrocarburos se convoca en el 2011 a la licitación de los llamados campos marginales (en la décima ronda petrolera), bajo la figura prestación de servicios.

Entre los seis bloques que se ofertaron estaba el Armadillo, uno de los más criticados por nacionalidades indígenas y por ambientalistas, que rechazaron la intervención petrolera porque en el sector hay pueblos indígenas aislados, como los Tagaeri y los Taromenane.

Hubo marchas y protestas. Los manifestantes se respaldaban en un estudio del 2009 del Ministerio del Ambiente, en el que se reconoce que los Tagaeri y Taromenane andan por esta área, la del Armadillo.

No es la única ronda petrolera polémica. También está la undécima, que aspira a concesionar 20 bloques del centro-sur de la Amazonía (ubicados en Orellana, Pastaza y Morona Santiago), los cuales afectarían el 75,91% de los territorios indígenas, según reportes y estudios de Acción Ecológica.

Ecuador, sin embargo, habla de defender a la naturaleza. Y presenta su iniciativa ambiental en la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Desarrollo Sostenible, que se efectuó en esta semana en Río de Janeiro, Brasil.

Ahí se expuso la oferta local denominada Yasuní ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) como una de las propuestas internacionales más sólidas para la conservación ambiental.

El proyecto, presentado en el 2007, busca una compensación económica del extranjero a cambio de dejar bajo tierra, y de no explotar, 846 millones de barriles de petróleo, que se encuentran en una parte de esta reserva amazónica.

“Esa compensación serviría para pagar la deuda ecológica de los países ricos”, expresó el mandatario Rafael Correa en su discurso del jueves en la cumbre conocida como Río+20.

El mandatario agregó que mientras los países pobres son los que generan bienes medioambientales, los ricos son los que los están consumiendo.

Sin embargo, los problemas ambientales tienden a aumentar en el país, según ambientalistas. Uno de los más cuestionados es la extracción de recursos a gran escala, como la minería.

La explotación minera a cielo abierto, explican los expertos, arrasa primero con enormes pedazos de tierra, llevándose la biodiversidad existente. Luego, los desechos tóxicos arrojados a la tierra y a las aguas (ríos y mares) contaminan el ambiente.

En el caso de Ecuador, la contaminación del agua será más grave en áreas geográficas caracterizadas por altas precipitaciones, como la Cordillera del Cóndor, en donde están los “megaproyectos mineros: Mirador, Fruta del Norte y Panantza San Carlos. Así se afirma en un documento de Alberto Acosta (expresidente de la Asamblea Constituyente) y William Sacher, titulado ‘Minería en Ecuador: el agua de Quimsacocha, entre la codicia y la vida’.

Acosta indica que ninguna minería a gran escala o explotación petrolera es sustentable, como dice el Gobierno. Para él, esa defensa de sustentabilidad es “practicar un discurso distorsionador como lo hace el lobby gubernamental-transnacional. O simplemente no conocer de la materia”, afirma a este Diario.

Agrega que los mensajes de Correa que destacan el paso de la era petrolera a la minera demuestran la incapacidad gubernamental para llegar a una economía que viva en armonía con la naturaleza, como plantea el Buen Vivir.

Para Teodoro Bustamante, analista político y especialista en Medio Ambiente Humano, los esfuerzos de conservación que hace Ecuador desde hace varios años no han sido tan exitosos, pese a que, dice, hay logros importantes, como las reparaciones ambientales, que están muy atrasadas.

“Lo grave en Ecuador es que nuestras acciones de destrucción del ambiente están por todas partes. Nuestra política energética no ataca los problemas centrales. La agricultura es tóxica. Si queremos desarrollarnos, tenemos que cuidar el ambiente”, agrega este experto en políticas ambientales.

No son los únicos ejemplos de contaminación y destrucción del ambiente. Hay más casos.

La depredación se da también en el mar. Y uno de los decretos que inciden, según ambientalistas, es el 486 (del 30 de julio del 2007), que permite comercializar la llamada pesca incidental de tiburones en aguas ecuatorianas. Aunque fue aprobado antes de los derechos de la naturaleza, el Gobierno ofreció revisar esta propuesta. Pero la oferta aún no se cumple. Solo entre enero y abril del 2011, el peso en kilogramos de los tiburones desembarcados aumentó el 63% en relación con el mismo periodo en el 2008.

Las políticas de otras dependencias del Gobierno tampoco defienden íntegramente a la naturaleza, dice Bonilla. Por ejemplo, cita que en la Corporación Financiera Nacional se dan créditos económicos para la ‘forestación’, pero que dichos cultivos no son beneficiosos, pues fomentan el monocultivo.

Se suma la falta de control de las autoridades del Ambiente en temas como la tala indiscriminada de árboles para la industria maderera, añade Hidalgo.

La vigencia de otros decretos, dictados en este Gobierno, también perjudicó a áreas como los manglares. Así indica Líder Góngora, director ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar (C-Condem).

El dirigente dice que el Decreto Ejecutivo 1391, de octubre del 2008, permitió la legalización de piscinas camaroneras que, afirma, estaban en áreas de manglar usurpadas por empresarios. “Pusimos una demanda de inconstitucionalidad por el artículo 16 de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria, que ratifica este decreto, que va en contra del derecho a la restauración del ecosistema manglar. Han pasado años y no tenemos respuesta de la Corte (Constitucional) ni positiva ni negativa”.

Los “retazos de manglares existentes” en el país no garantizan la vida de la naturaleza ni la de los humanos a largo plazo. Menos el “aclamado” Sumak Kawsay (El Buen Vivir), como reza la Constitución, dice el defensor de estuarios de la Costa.

Góngora cuenta que cada vez desaparecen más ecosistemas. Otros están amenazados. Unos, en cambio, no pueden regenerarse. Las tierras están llenas de palma aceitera, de caña de azúcar... Todo para la exportación y el consumo. Y las descargas de la contaminación van al suelo, a los ríos, a los estuarios...