Iglesia analiza el Código Penal desde el punto de vista de la fe

Tres son los temas del proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP) que preocupan a la cúpula de la Iglesia católica: la despenalización de la práctica del aborto cuando la vida de la madre está en riesgo o cuando es producto de una violación y del consumo de pequeñas dosis de drogas; y las restricciones a las actividades de los ministros de cultos.

El presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), Antonio Arregui, señaló que un grupo de teólogos prepara un análisis de estos puntos a la luz de la fe y con base en este no descarta desplegar una “catequesis” para orientar a los fieles católicos.

De la lectura preliminar del Código, Arregui concluye que en el tema del aborto no punible cuando se trata de una violación “no se está castigando al autor del delito sino al niño”; y cuando se trata de aquel que se practica cuando corre peligro la vida de la mujer, “no cabe matar a nadie porque está en riesgo la vida del otro”.

El obispo advirtió de la contradicción que, a su criterio, existe en el articulado que permite la tenencia de pequeñas dosis de estupefacientes: “Si alguien puede comprar droga para su consumo, es que hay alguien que se la vende. El primero, según el Código, lo hace inocentemente y al otro ya se lo considera narcotraficante”.

Finalmente, Arregui recordó que en el proyecto original enviado por el Ejecutivo a la Asamblea se establecía una pena privativa de libertad de cinco a treinta días y una multa de dos remuneraciones básicas “a los ministros de un culto que, en los templos o lugares religiosos, calles o plazas, prediquen en contra o a favor de un partido o movimiento político”.

Esa disposición no consta en el proyecto final, pero sí sanciona a quienes alteren el orden en un recinto electoral por causas religiosas.