La renovación de la declaratoria del estado de excepción por 30 días más, en siete provincias de la Costa y Sierra, no solucionó los problemas de decenas de afectados por el invierno.
El mandato fue ampliado a inicios de mayo por el presidente Rafael Correa “con la finalidad de implementar medidas de prevención y enfrentar el impacto de la intensa estación invernal” que se reflejaba en decenas de perjudicados. Con el decreto Nº 1160 se renovó para Azuay desde el 29 de abril (hasta el 28 de mayo); y con el Nº 1161, para Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro y Loja desde el 3 de mayo (hasta el 1 de junio).
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El primer decretó se expidió el 8 de marzo, por 60 días, para Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Loja. Luego se sumaron Esmeraldas y Azuay.
El invierno deja en todo el país 35 personas fallecidas y 63 heridas, según las últimas cifras de la Sala de Situación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), presentadas el pasado 4 de junio.
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El balance es de 2.096 personas damnificadas (perdieron su capacidad económica). También han sido evacuadas de forma provisional 7.407. Asimismo fueron albergadas 20.697, de las cuales 7.612 están o estuvieron en albergues del Gobierno, y el resto, 13.085, en casas de familias acogientes. Según las cifras, 19.057 casas resultaron afectadas por eventos ligados directamente con el invierno; de ellas, 353 fueron destruidas.
En Manabí, una de las más afectadas por las lluvias, aún hay 110 familias albergadas en Portoviejo y Chone. El antes hotel El Concorde, en la capital provincial, alberga a 87 (330 personas) desde hace tres meses, cuando sus casas ubicadas en parroquias y ciudadelas sufrieron daños. En el ala derecha hay 30 familias (130 personas) y en la izquierda 57 (200).
Algunos albergados han tenido problemas de salud y roces por la estrechez en que residen. Incluso, Viviana Orellana dice que es tanto el calor en el ala derecha que parecerían tener “sauna gratuito”. La falta de ventilación también ha generado en los niños enfermedades respiratorias.
En el ala izquierda la situación no dista mucho. Auxiliadora Vera reside con su esposo, hija y yerno; ella duerme sobre un colchón en el piso, pues teme que la litera que le donaron pueda colapsar por su inestabilidad y además se queja por la entrega tardía de los alimentos. Pero ella cuestiona ser reubicada en la parroquia Picoazá, donde el Miduvi edificaría unas 200 casas para igual número de familias afectadas. La razón: ella vivía no muy lejos del centro de Portoviejo, y Picoazá, casi a media hora en bus.
Allí, las cocinas y refrigeradoras se ubicaron en improvisadas áreas, una de ellas rodeada por dos arcos de índor y protegida con los banners del MIES. Esto porque temen que se presente algún incendio en esa área cerrada y con cuartos divididos con tablas tipo playwood. Pero ahora el Cuerpo de Bomberos les llama la atención por el caos en los sistemas de instalaciones eléctricas improvisados en la parte externa.
Ricardo Cabrera, de la Sala Situacional de la SNGR, indica que estas personas estarían dos años en los albergues, mientras dure la contratación y construcción del plan de vivienda, pero añade que se los seguirá ayudando con logística y que se mejorará la ventilación.
Mientras, en Los Ríos, según datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), hay 142 familias en albergues y la mayoría no se va porque no tiene adónde, debido a que sus casas están destruidas o afectadas y no tiene dinero para arreglarlas.
“No tenemos casa, mis hijos no estudian por falta de dinero, mi esposo es desempleado y lo poco que gana es para comprar unas cañas para levantarnos una covacha pequeña. Queremos que nos ayuden con una vivienda hogar de Cristo porque no vamos a estar aquí toda la vida”, dice Mariana Troya, quien perdió su casa en el sector Virgilio Zúñiga y permanece en el albergue del MIES de Babahoyo, en la ciudadela Arreaga.
Este establecimiento, que acoge a otras familias de ciudadelas urbano marginales como La Ventura, El Salto, Barreiro, Las Balsas, Justino Cornejo, entre otras, reúne las condiciones de seguridad, pero sus ocupantes viven apretados y en los alrededores hay aguas putrefactas y malezas que generan gran cantidad de mosquitos.
Un comunicado de la SNGR señala que ha atendido a un total de 54.476 familias (269.377 personas) afectadas por el invierno en el país. La ayuda consiste en 81.610 kits de alimentos, para una familia de cinco miembros por quince días; 9.781 de aseo y 8.586 de limpieza.
Como otros aportes añade 5.470 kits de dormir, 155 de cocina, 914 unidades de repelente, 2.491 toallas de baño, 87.278 galletas fortificadas (donadas por el Programa Mundial de Alimentos), 47 colchones y 210 cobijas. También entregó 3 camas, 15 cocinetas, 69 láminas de zinc para casas que sufrieron daños en sus techos, 7.600 sacos de arena para control de inundaciones y 108 tanques para almacenamiento de agua.
En Esmeraldas, en cambio, solo tres familias aún permanecen en el albergue de la escuela Oswaldo Mendoza del barrio 18 de Octubre, del sector Nuevo Quinindé, en el cantón del mismo nombre, desde el pasado mes de febrero en que resultaron damnificadas por la fuerte temporada invernal.
Dolores Villegas, de la Sala Situacional del Comité de Operaciones de Emergencias del Municipio de Quinindé, explica que estas familias serán reubicadas en la urbanización El Portón del Gallero y que únicamente se espera la entrega de un tanque reservorio para solucionar la falta de agua. Las quejas por ese déficit son fuertes.
En El Oro también hay tres familias albergadas en la escuela San José del cantón Piñas, desde abril pasado, cuando un deslave en el barrio La Merced derribó sus casas. Yandri Vilela, director del MIES provincial, dice que buscan el alquiler de departamentos para reubicarlas, lo que no se concreta por falta de dinero.