La principal preocupación de nuestra gente es la inseguridad ciudadana y para combatirla requerimos de nuestras Fuerzas Armadas. No solo que pueden sino que deben hacerlo”.

Con esta frase, el presidente Rafael Correa dio una nueva disposición del Gobierno a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para que salgan a las calles a combatir la delincuencia y el crimen organizado. Lo dijo el 25 de abril pasado en la escuela Eloy Alfaro de Parcayacu, en Quito, durante la ceremonia de posesión de la nueva cúpula militar.

Pero esta disposición, que no es nueva en el país, se da esta vez con un cuestionamiento: el mandatario se mostró inconforme con los operativos militares para el control de armas realizados desde el 2011. Asimismo, recriminó a la Armada: “Se le ha atendido con todo: equipos solicitados, aviones no tripulados, lanchas rápidas, (...) no noto una sustancial mejora en la seguridad marítima”, dijo Correa.

El Gobierno ya ha ordenado, en ocasiones anteriores, que los militares se involucren en tareas de seguridad interna. Lo plantea como una estrategia para enfrentar el incremento de la inseguridad. Incluso dispuso un estado de excepción de 60 días en el 2010, que terminó siendo de 90, en las ciudades de Quito, Guayaquil y Manta.

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La iniciativa se repitió en mayo del 2011 cuando devolvió, mediante el Decreto 749, el control de armas a las FF.AA.

El Gobierno asegura sustentar estas disposiciones en el art. 158, inciso primero, de la Constitución , que dice: “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías y la integridad territorial”.

Analistas y oficiales militares consultados por este Diario coinciden en que los militares no tienen la preparación doctrinaria y técnica para encargarse del combate a la delincuencia, ya que su tarea ha sido la de garantizar la seguridad externa.

Para Ricardo Camacho, experto en temas de seguridad, los resultados obtenidos al momento no revelan el real potencial de una institución militar que cuenta con más de 42 mil hombres. “Operaciones en las que se decomisan dos pistolas, unos cuchillos y unos cuantos kilos de droga significan desperdiciar las capacidades de las Fuerzas Armadas”, opina.

Camacho, quien fue asesor del exministro del Interior Gustavo Jalkh, considera que la medida desgasta, a corto plazo, la imagen de confianza que tiene la ciudadanía en los militares.

A esto se suma la falta de capacitación de las FF.AA. para asumir tareas de seguridad ciudadana por su preparación doctrinaria enfocada en garantizar la seguridad externa del Estado, según Camacho.

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El experto plantea que antes de recurrir a las fuerzas militares para temas de seguridad, se debe construir una nueva doctrina, la cual no aleje a esta institución de su misión fundamental, que es la defensa de la soberanía y la integridad territorial, sino más bien integre visiones para luchar contra nuevas formas de enemigos externos (narcotráfico, trata de personas, etcétera).

El Gobierno inició este año la capacitación de los diferentes batallones militares involucrados en los operativos de decomiso de armas. En abril pasado se realizó uno de estos cursos. Se tiene previsto que 634 militares sean capacitados.

Otro cuestionamiento es que falta definir contra qué tipo de delincuencia o crimen organizado deben enfrentarse los militares. Este punto es vital a la hora de tomar la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, según Andrea Holguín, asesora en temas de seguridad del presidente de México, Felipe Calderón.

Esta experta de origen colombiano, que trabajó con el gobierno de Álvaro Uribe, apunta a que para incluir a las FF.AA. en estas tareas se debe desarrollar una matriz que determine claramente qué tipo de organizaciones combatirán los militares. Además recomienda que deben elaborarse protocolos y reglas según los diferentes niveles de amenazas, así como también se requiere de una profunda formación de ese personal en derechos humanos y Derecho Internacional.

Según Holguín, se deben evitar casos de uso indebido de fuerza que puedan justificar falsas denuncias que busquen minar la confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas. “No podemos permitir ni impunidad en casos de abuso ni injusticias en contra de nuestras tropas”.

El mayor Manuel Silva, jefe de la desaparecida Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES), alerta que la falta de una doctrina adecuada para que los militares actúen en temas de seguridad ciudadana podría provocar un desborde de la violencia en lugar de frenarla.

Señala como ejemplo la realidad de México, país que, a su criterio, ha tenido que pagar con muertes una estrategia que usó a militares y policías para enfrentar una “perdida guerra” contra los grandes carteles del narcotráfico, que generan delitos conexos como secuestros, robos, asaltos, etcétera.

“El tener a los militares en las calles hace que los delincuentes tengan en cuenta que deben ser más rápidos y crueles en sus operaciones”, sostiene Silva.

Además, las operaciones militares antidelincuenciales deberían ser coordinadas y lideradas por la Policía, según Silva. Los más de 70 años de experiencia en investigaciones y lucha contra el crimen organizado y común, argumenta este exagente, deben ser tomados en cuenta para este liderazgo.

Pero Holguín y Camacho piensan lo contrario. Los dos expertos concuerdan en que cada una de las instituciones debe tener sus funciones claras e independientes. Aunque afirman que se debe potencializar el intercambio de información de las fuerzas de inteligencia de ambas instituciones y no trabajar como unidades dispersas.

Dentro de la fuerza policial existen dudas de cuál será el trabajo que desempeñarán los militares en tareas que históricamente han sido suyas. La duda va desde que si serán apoyo para sus operaciones o será otra institución que investiga lo mismo que ellos.

En las Fuerzas Armadas hay quienes prefieren no hablar de la posición policial. Oficiales, que pidieron la reserva, consideran que el Gobierno pretende convertir a las Fuerzas Armadas en Policía Militar, y que no están preparados doctrinaria ni técnicamente para intensificar los operativos antidelincuenciales.

Pese a estos cuestionamientos, el Ejecutivo remitió el 10 de diciembre del 2010 a la Asamblea un proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, aprobada en septiembre del 2009.

En la reforma se plantea que los militares puedan participar en asuntos de seguridad interna y combatir la delincuencia. La iniciativa del Ejecutivo lleva más de un año en el Legislativo y hasta el momento no se conoce cuándo se retomará el análisis de este proyecto, que fue suspendido en segundo debate.

Existe un consenso general entre los asambleístas en que se debe actuar de forma más contundente contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero el debate continúa en torno a cuál será el papel específico de las Fuerzas Armadas.

Al momento, los militares solo están autorizados a detener a personas en delito flagrante durante los operativos que realicen. Esto debido a que el Gobierno planteó una medida cautelar para que los militares realicen tareas que, según la Ley, son exclusivas de la policía. La petición fue acogida el 24 de noviembre del 2010 por el Juzgado 22º de Garantías Penales de Pichincha.

No existe un dato específico que revele los resultados de esta nueva función de los militares. En el informe de gestión de las Fuerzas Armadas solo se indica que durante los patrullajes ejecutados en el 2011 se detuvo a 1.483 personas.

Cifras: Resultados de los operativos militares del 2011
36.179
Patrullajes antidelincuenciales realizaron los militares el año pasado.

6.192
Armas se destruyeron. Este número incluye 3 ametralladoras, 35 carabinas, 352 cartucheras, 322 escopetas, 5 fusiles, 299 pistolas, 5.128 revólveres, 9 rifles, 38 subametralladoras y 1 lanzagranadas.

17.908
Retenes han creado las Fuerzas Armadas, según su informe de Gestión.

1.871
Militares participaron en los operativos antidelincuenciales.

179,5
Kilogramos de droga se incautaron con el apoyo de las fuerzas militares durante el 2011. También se registraron alrededor de 300 mil vehículos, y se decomisaron 3.301 municiones y 461 explosivos.

42.979

Miembros hay en las Fuerzas Armadas del país, según el Comando Conjunto.